REFORMAS Y GOBERNANZA

LaLa pandemia ha puesto de manifiesto algunos desajustes del Estado autonómico en lo que se refiere a la capacidad de coordinación de determinadas políticas y a los métodos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y entre éstas y las entidades locales. Convendría ahora releer algunas de las comparecencias de los expertos en la Comisión del Congreso para la evaluación y modernización del Estado autonómico que en 2018 y 2019 pretendió sentar las bases de una hipotética reforma constitucional, especialmente del título VIII. El estado de alarma ha descubierto el vaciamiento y progresivo adelgazamiento de los medios, personal y capacidades del Ministerio de Sanidad. La valoración globalmente positiva del desarrollo del Estado autonómico no debería impedir plantear una serie de reformas. No se trata de recentralizar competencias, sino desarrollar auténticos procedimientos de gobernanza horizontal y de coordinación dentro de un Estado de gobierno multinivel. Los sucesivos decretos de alarma han permitido adoptar medidas que se han demostrado eficaces y determinantes para combatir la pandemia. Pero en el futuro, España debería contar con procedimientos ordinarios mucho más agiles de coordinación. A pesar de que ya existen órganos de coordinación su capacidad para tomar decisiones agiles ante alertas sanitarias es limitada y lenta. Para afrontar las últimas fases de desescalada Sánchez anunció la gobernanza de las Comunidades. Con ello las Comunidades se han responsabilizado de las decisiones para la recuperación. A partir de entonces muchos gobiernos autonómicos han sido mucho más cautos a la hora de pedir la evolución de fase. En próximas reformas legislativas y políticas, se debería impulsar una auténtica gobernanza de la salud pública.