La Fiscalía investiga la entrega de mascarillas defectuosas a sanitarios por parte del Gobierno
El Ministerio Público reclama informes al departamento de Salvador Illa y al Summa 112 tras la denuncia de dos médicos de este dispositivo
La Fiscalía provincial de Madrid, a través de su sección de Siniestralidad Laboral, está investigando la entrega por parte de Sanidad de mascarillas FFP2 Garry Galaxy a los órganos de gestión sanitaria de hospitales, centros de salud y centros de urgencias de toda España, y que fueron utilizadas posteriormente por numerosos profesionales durante la atención a los enfermos en pleno epicentro de la pandemia de coronavirus. Dichas diligencias se están realizando a raíz de la denuncia interpuesta por dos médicos de urgencias y emergencias del Summa 112 por unos hechos acaecidos entre los días 2 y 16 de abril. Según ha podido saber LA RAZÓN, los denunciantes aseguran haber estado sometidos a un alto riesgo de padecer enfermedades respiratorias como consecuencia de su exposición al virus SARS-CoV-2 por culpa del material defectuoso que les fue entregado, procedente del departamento que dirige Salvador Illa.
Estas mascarillas FFP2, con el código de barras 6972306630042, tuvieron que ser retiradas de la circulación tras demostrarse su ineficacia para prevenir una infección, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborado a instancias del Hospital Universitari Parc Tauli.
Según dicho informe, las mascarillas Garry Galaxy en envoltorio de color verde no presentaban ningún tipo de marcado. En el embalaje ponía simplemente N95 y el código de barras antes mencionado. Este producto, por tanto, no cumplía ninguna clasificación indicada en la norma
UNE-EN 149:2001+A1:2010, lo que lo convierte en ineficaz para proteger frente al riesgo del Covid-19 al tener un nivel de penetración mucho mayor del 6%, que es el límite que deben tener como material filtrante. La alerta emitida en abril a todas las comunidades y que éstas reenviaron a su vez a los dispositivos sanitarios asistenciales instaba a su retirada por esa falta de conformidad técnica que hace referencia a la penetración del material filtrante en procedimientos que generan aerosoles (aspiración del tracto respiratorio, incubación, maniobras de resucitación cardiopulmonar, etc.). Inmediatamente después de la recepción de esta comunicación de alerta, el Summa 112 dio orden de proceder a la retirada de todas las unidades. Según ha podido saber este periódico, la Fiscalía, a consecuencia de la denuncia, incoó diligencias de investigación penal para la averiguación de los hechos y cursó oficios solicitando información a varios organismos. Uno de ellos fue el Summa 112, del que partía la denuncia, al que preguntó cuántos trabajadores se vieron posiblemente expuestos por el uso de este material defectuoso enviado por el Ministerio y qué procedimientos siguió el servicio de riesgos laborales para hacer un seguimiento individualizado del mismo. El Summa 112 identificó que más de 400 trabajadores las utilizaron entre los días 3 y 16 de abril, registro que ha enviado, y realizó una valoración individualizada con indicación de pruebas diagnósticas (test serológicos a todos y PCR en los casos indicados), así como vigilancia epidemiológica de los contactos.
Dos de estos profesionales presentaron PCR positiva. Fuentes sanitarias apuntan a que gran parte de este falso material de protección se utilizó en el hospital de campaña de Ifema. La Fiscalía también pidió a la gerencia de dicho dispositivo de emergencias aportación documental de la entrega por Sanidad de la partida de mascarillas, fecha, departamento que hizo la entrega, sanitarios a los que iban dirigidas y la posterior orden de retirada por parte del Ministerio. También la identificación de los profesionales que las utilizaron y que quedaron expuestos en actividades con procedimientos que generan aerosoles y en unidades de cuidados críticos o cualesquiera otras de riesgo por contacto estrecho con pacientes desde la entrega de las mascarillas hasta su retirada.
Aportación documental
Al Ministerio de Sanidad le pidió por su parte aportación documental de la entrega de la partida de mascarillas a la Gerencia del Summa 112, documentación acreditativa de las comunicaciones de retirada y la enumeración de otras entidades, instituciones u organismos a los que les fueron entregadas las mascarillas. También pidió copia compulsada del contrato original completo, con firma y nombre de los intervinientes suscrito para la adquisición de las referenciadas mascarillas y datos sobre el control de calidad efectuado a éstas para que garantizaran un nivel adecuado de salud y seguridad según lo establecido en los anexos V,VII Y VIII del Reglamento (UE) 2016/425, así como documentación acreditativa de que cumplían con el detalle y requisitos de la norma GB2626 China.
La Fiscalía también preguntó al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para saber si esas mascarillas cumplían los requisitos UNE-EN 149:2001 +A1:2010 y si es obligatoria la FFP3 para ventilación con ambú, intubación orotraqueal, ventilación mecánica no invasiva y aerosolterapia, indicando la normativa tanto nacional como internacional aplicable sobre el uso de mascarillas FFP2 y FFP3.
La denuncia interpuesta por el reparto de estas mascarillas defectuosas se amplió posteriormente a otro producto para la protección de los sanitarios: los guantes de nitrilo talla L, marca Intco, de fabricación china, con el código de barras 6970245756496. Con respecto a estos últimos, la Fiscalía también pidió un informe al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo acerca de si cumplen los requisitos exigidos por la normativa de la Comunidad Europea y si eran eficaces para proteger a los médicos del Summa 112 frente a la penetración del material filtrante en el desarrollo de su trabajo.