La sombra del rescate
Con el fantasma de la intervención sobrevolando, Calviño prepara un plan de duros recortes de pensiones y salarios públicos, adelgazamiento de la Administración y subidas impositivas
El 14-M pasará a los anales de la historia española como el principio del fin del actual modelo económico. Ya nada será igual, ni se podrá desandar el camino transitado. En esa jornada, España inició un desigual combate contra la peor crisis sanitaria que se recuerda en décadas, mientras, su economía entró en caída libre. El sector turístico (2,2 millones de trabajadores) colgó el cartel de cerrado por covid-19. Los obreros de la construcción (1,3 millones) descendieron de los andamios. Bares, restaurantes, tiendas de moda, zapaterías, peluquerías, grandes superficies de decoración... Todos echaron la persiana y muchos no las volverán a subir. Las cadenas de producción de automóviles, que emplean a casi 600.000 personas, se silenciaron. Los aviones dejaron de surcar el espacio aéreo. Los trenes permanecieron en los andenes y el transporte por carretera quedó paralizado. En las calles vacías aún resonaba el eco de las carcajadas infantiles, mientras, el pánico se apoderaba de sus padres, que recorrían con miradas de terror los pasillos de los supermercados repletos de estanterías desnudas. En los primeros días del estado de alarma, familias enteras, presas de un temor irracional a lo desconocido, se afanaron por coleccionar de forma compulsiva todo tipo de productos de alimentación e higiene. A los más mayores, esa obsesión por acaparar comida y artículos de limpieza e higiene les hizo retrotraerse, salvando las distanla cias, a otros capítulos de la historia negra española.
Todo un país en sus casas y sin producir para combatir un letal virus del que poco se sabía por entonces. Ahora, cien días después de la comparecencia de Pedro Sánchez, con el rostro desencajado y demudado, anunciando la declaración del estado de alarma, el impacto del frenazo en seco que sufrió la economía por el confinamiento de toda su población se ha convertido en un auténtico tsunami, cuyas consecuencias aún son difíciles de predecir y que amenaza con arrasar todo a su paso. De momento, el balance a final de año no podrá ser más catastrófico, con una caída del PIB, según el Gobierno, de casi el 10% (125.000 millones), según el Banco de España, del 15% (187.500 millones de euros), con una deuda pública en ascenso imparable aproximándose al 120% del PIB y un déficit público disparado, al menos, hasta el 10,3%. La factura más elevada del virus será en términos de destrucción de empleo, con 5,5 millones de personas en el paro y casi un millón de hogares con todos sus miembros en el desempleo a final de este año, según la entidad emisora.
La desoladora radiografía de la economía española la completan un sector turístico situado de golpe en el filo de la navaja, que da prácticamente por perdida la temporada estival pese a la apertura de fronteras el próximo 21 de junio y que considera insuficiente el plan de ayuda del Gobierno. De hecho, esta crisis ha colocado al borde de quiebra en cadena a las empresas europeas de transporte ferroviario, aéreo, terrestre y marítimo, según confirman a LA RAZÓN fuentes de Renfe.
Este sombrío panorama transporta de un plumazo a la economía española no ya a la anterior crisis económica de 2008, sino a la antesala de la gran depresión del 29, con un gasto público disparado hasta 576.714 millones de euros este año o lo que es lo mismo, con un gasto que supone más de la mitad de la economía nacional y un 10,5% más que en 2019, como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus por importe de casi 150.000 millones, incluidos los ERTE que han afectado a más de 3 millones de trabajadores. Sin olvidar que del gasto total se destinará un 10% a pagar los intereses de la galopante deuda. Mientras, los ingresos descienden sin freno, con una merma en la recaudación por impuestos y por cuotas a la Seguridad Social. El Gobierno prevé ingresar este año casi 30.000 millones menos, con un monto total de 461.043 millones.
Los economistas consideran este escenario la tormenta perfecta y en función de la solución que adopte el Gabinete de Sánchez se saldrá antes o después y con más o menos víctimas del envite. Por eso, con el fantasma de la intervención sobrevolando, la gran incógnita a despejar en las próximas semanas será si habrá fumata blanca o no para los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y si se apostará por la austeridad o por el incremento del gasto público.
España necesita una inyección de capital de unos 140.000 millones de euros. Por ello es urgente recibir esa ayuda de Europa que alivie la presión sobre nuestra economía y aproxime al país cuánto antes a la salida del túnel. Por el momento, Bruselas está dispuesta a prestarla sin condiciones, es decir, sin solicitar unos sacrificios extras por su auxilio, mientras perdure la urgencia sanitaria. Una vez concluya, el panorama será completamente distinto. Pero no será suficiente para salir de la recesión en ciernes. El Gobierno deberá adoptar un plan de reformas estructurales, encaminadas a frenar un déficit público disparado. Por eso, Bruselas prefiere esperar a comprobar si lo incluye o no en los Presupuestos de 2021. Fuentes gubernamentales se muestran convencidas a este diario de que, hoy por hoy no, habrá imposiciones de Bruselas, pero también están seguras de que si España no hace los deberes será irremediable la intervención de nuestra economía.
Sin embargo, el Ejecutivo está dividido sobre las medidas a adoptar. La vicepresidenta económica, la ortodoxa Nadia Calviño, ganará musculatura dentro del Gobierno si se alza con la presidencia del Eurogrupo. Hará entonces valer su criterio en el seno del Gobierno e intentará ganar el pulso a Pablo Iglesias e imponer los recortes necesarios para superar la gran recesión que se avecina en los Presupuestos de 2021, que se comenzarán a negociar tras las citas electorales de País Vasco y Galicia el próximo 12 de julio.
Sánchez emulará al presidente Zapatero y aplicará una geometría variable para sacar adelante estas imprescindibles cuentas públicas. Por eso no descarta pactarlas con todos sus socios, además de con Ciudadanos. De hecho, intentará involucrar a todos los presidentes autonómicos en los retos que supondrán estos Presupuestos de la Reconstrucción. De momento, ha dado orden a los diferentes funcionarios implicados en la elaboración de los presupuestos por departamentos de no disfrutar de las vacaciones en agosto, mes en el que prevé elaborar las cuentas.
Si consigue el consenso necesario, no descarta acometer una remodelación de su equipo que de brío a su Gabinete para afrontar los difíciles desafíos que se presentan en el horizonte económico. Estos cambios afectarían a la ministra de Exteriores y al titular de Ciencia. Aunque su salida del Ejecutivo supondría un reconocimiento a sus méritos, la realidad es que su jefe de filas considera necesario su relevo por un perfil más político. Además, aprovecharía estos retoques para cambiar a la Portavoz del Gobierno. El nombre del actual secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, suena con fuerza para llevar las riendas de la Portavocía del Ejecutivo. El presidente valora la entrega de Montero, pero prefiere un perfil «menos apasionado» a la hora de comunicar a la sociedad. Fuentes «monclovitas» no descartan también que use estos cambios para predicar con el ejemplo y reducir su abultado Gabinete.
Si no hay Presupuestos, el país se verá abocado a elecciones generales el próximo año, después de una más que segura intervención de la economía española por Bruselas en otoño próximo. Sin embargo, embargo, los socios del Ejecutivo consultados por este diario se muestran convencidos de que a ninguna formación política le interesa este adelanto electoral. La gran incógnita a despejar es el camino que tomará Pablo Iglesias, enemigo acérrimo de los recortes, partidario del incremento de gasto público y de subidas impositivas.
Aunque no ocultan la dificultad, fuentes nacionalistas y gubernamentales no descartan un consenso sobre los Presupuestos de la Reconstrucción, en los que Calviño aplicará por el lado del gasto su plan antirecesión. Este plan incluye la reforma del sistema público de pensiones, que el ministro de Seguridad Social tiene negro sobre blanco desde hace semanas encima de su mesa y en su cabeza desde hace años. Alineado con Calviño, prepara fórmulas para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones, así como su cálculo de las mismas. Como primera medida, estudia congelar las nóminas de los pensionistas.
Calviño también se propone adelgazar la Administración General del Estado. Para ello, no descarta una nueva reunificación de organismos públicos, al estilo y semejanza del que acometió en su día la por entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. En su paquete antirecesión figura una eventual bajada del salario de los funcionarios. y una congelación de la oferta de empleo público. Si por el lado del gasto la negociación se antoja difícil, tampoco será más fácil por el
lado de los ingresos. Los Presupuestos de 2021 deberán amoldarse a la reforma fiscal que planea Moncloa, en la que están enfrentados Calviño e Iglesias a costa de la conveniencia o no de crear un impuesto sobre las grandes fortunas y resucitar el de Sucesiones.
Con este paquete antirecesión, Calviño pretende sacar a España del colapso económico en el que la ha colocado el confinamiento. Aún está por ver si lo conseguirá. Pero España no ha sido la excepción y otros Gobiernos también han echado el cierre a sus economías. Por eso la era postcovid abrirá un nuevo orden económico mundial, en el que la robotización dominará la economía y se impondrá un cambio de hábitos en la manera de trabajar y de relacionarse.