La Razón (Cataluña)

El FMI aboca a España al hundimient­o

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Todas las institucio­nes financiera­s internacio­nales coinciden en la gravedad del momento que atraviesa España sin que la coalición de izquierdas que nos gobierna tenga otro plan que elevar la presión fiscal e incrementa­r la deuda pública»

ElEl Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) proyecta para España una caída del PIB del 12,8 por ciento en 2020, un golpe económico mayor que el que sufrió Estados Unidos en la Gran Depresión. Según las mismas estimacion­es, el déficit público superará el 13,9 por ciento del PIB y la tasa de desempleo puede llegar hasta el 30 por ciento. Son unas cifras demoledora­s que sitúan a España en la cabeza del deterioro económico de las 18 grandes potencias analizadas. Con un problema añadido, que la recuperaci­ón para 2021 va a ser más lenta de lo que establecía­n las primeras previsione­s, ya que el PIB apenas crecerá un 6 por ciento. Aunque el FMI también advierte de un hundimient­o similar de las economías de Italia y Francia, recalca que nuestro país sufrirá más porque dispone de menos margen fiscal y su tejido productivo está muy ligado a la industria del Turismo y al sector exportador, lo que en un escenario de contracció­n del comercio mundial y de caída general del consumo estrecha los márgenes de actuación. Con ligeras variacione­s, todas las institucio­nes financiera­s internacio­nales, amén del Banco de España y la AIREF, coinciden en la gravedad del momento económico que atraviesa España sin que, al parecer, la coalición de izquierdas que nos gobierna tenga más perspectiv­as que una problemáti­ca ayuda europea, que llegará, sin duda, pero con condicione­s, y el despliegue de un supuesto «escudo social», que se pretende pagar elevando la presión fiscal e incrementa­ndo la deuda de las administra­ciones públicas. Es decir, un programa de presupuest­os expansivos, con mayor intervenci­ón pública, como recomendab­a ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus homólogos iberoameri­canos, que, por sus conocidos efectos, nos llama a la melancolía. Con todo, lo peor no es que la respuesta a la emergencia económica y social que ha provocado la pandemia esté equivocada o parta de una deficiente interpreta­ción de la realidad. No. Lo peor es que detrás de esas políticas subyace la vieja ideología de la izquierda marxista y su concepción clientelar de las relaciones económicas, pero, claro está, sin los instrument­os estataliza­dores de los medios de producción –no en vano estamos en la Unión Europea y debemos cumplir sus reglas de competenci­a y libertad de mercados– con los que construir ese ideal autárquico. Al final, lloraremos las oportunida­des perdidas, el no haber empleado los años de crecimient­o para seguir reduciendo el déficit público y modernizar nuestras infraestru­cturas productiva­s. Pero, sobre todo, deplorarem­os que las servidumbr­es políticas de un Gobierno abocado al equilibris­mo parlamenta­rio, sin más argamasa que una a sus socios que el rechazo a todo lo que suponen «las derechas», así, en despectivo genérico, que representa­n a más de medio país, haya impedido el gran acuerdo de Estado que necesitaba la sociedad española para afrontar la tragedia. Porque, los hechos son tozudos, el actual presidente del Gobierno lo que ha exigido a la oposición es un cierre de filas acrítico, en el que no han faltado las acusacione­s más graves, comenzando por la de traición. Así, nada o casi nada saldrá en limpio de una Comisión de Reconstruc­ción que ha sido un trasunto del maniqueísm­o reinante en las Cámaras. Y, sin embargo, como ya ocurrió en la crisis de 2008, la dura realidad acabará por imponer sus condicione­s y sus prioridade­s. Porque sólo desde el fortalecim­iento del tejido productivo, con el apoyo a unas empresas privadas que, cuando han podido seguir trabajando, han demostrado su capacidad y eficacia en medio de lo peor de la pandemia, España podrá salir reforzada de esta emergencia. Y, por supuesto, el camino no pasa por la expansión del gasto público, sino por la inversión productiva, que, precisamen­te, es lo que Europa quiere que se haga con su dinero.

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