Kaczynski moldea Polonia con el control de los jueces
Condena europea a la purga de magistrados Bruselas amenaza con suspender las ayudas de la UE si el Gobierno ultranacionalista polaco mantiene una polémica reforma que socava la independencia judicial
El Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) ha llevado a cabo una serie de reformas judiciales que han abocado a Polonia a un enfrentamiento directo con la Comisión Europea. El choque entre Varsovia y la CE es una herencia del ex presidente JeanClaude Juncker a Ursula von der Leyen. En un capítulo más de esta lucha, la Justicia de la UE ha pedido la suspensión del sistema disciplinario al que se ven sometidos los magistrados polacos. La respuesta de Mateusz Morawiecki, «premier» polaco, es que la organización del sistema judicial es competencia nacional.
«Existen riesgos evidentes de que las disposiciones sobre el régimen disciplinario de los jueces puedan usarse para el control político del contenido de las decisiones judiciales», aseguró la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova. En un tono más crítico, aseguró que la CE condicionará la ayuda económica a Polonia con el cumplimiento del derecho europeo. «Para ser franca, creo que si alguien no entiende nuestros valores, debe entender el valor del dinero. Normalmente, funciona así», agregó Jourova.
De esta manera, Bruselas emprende una vía más para presionar a Varsovia. Además de los procesos abiertos de infracción, que pueden terminar en cuantiosas multas, las instituciones europeas activaron en diciembre de 2017 el artículo 7, que contempla la suspensión de derecho a voto del Estado miembro en cuestión. Algo poco probable, ya que requiere unanimidad por parte de los Estados miembros y Hungría ha expresado su predisposición al veto.
Las voces que reprenden desde Bruselas al Gobierno polaco tienen como foco el Tribunal Disciplinario, que responde directamentealEjecutivo.Esteorganismo introduce nuevos tipos de sanciones contra los jueces, donde el cuestionamiento de constitucionalidad de acciones llevadas a cabo por las autoridades centrales pueden ser sancionadas con la expulsión de la profesión. Esta ley priva a los órganos judiciales de autonomía o relevancia, ya que han perdido el derecho a emitir recomendaciones sobre candidatos, candidatos, cargos judiciales o cambios en el sistema administrativo interno. También obliga a los jueces a revelar su afiliación a organizaciones judiciales para determinar si son críticos con el Gobierno.
Otorga al presidente el derecho a corregir errores en el procedimiento de nombramiento de los jueces. «Esto entra en conflicto con las normas del derecho europeo y es contrario a nuestra Constitución», asegura a LA RAZÓN Dariusz Mazur, juez del Tribunal del Distrito de Cracovia y portavoz de la Asociación de Jueces Themis. Uno de estos jueces, Paweł Juszczyszyn, ya fue suspendido y no puede ejercer como tal.
Desde el inicio del proceso de aprobación la ley ha tenido que pasar por el Senado, donde los partidos de la oposición cuentan con una ligera mayoría. A su vuelta al Sejm (Cámara Baja), en manos del PiS, esta negativa del Senado fue apartada e ignorada. Días más tarde, el presidente Duda firmó la nueva ley sin ninguna objeción.
Durante los casi cinco años de mandato de Duda, el puesto ha perdido poder en su objetivo de control al Ejecutivo. «Esta ley socava la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», señala el juez Mazur.
Otra figura clave en el sistema judicial es el del presidente del Supremo. Hasta abril, Małgorzata Gersdorf, muy crítica con las reformas del PiS fue la cara visible de la lucha de los jueces acudiendo a su lugar de trabajo y negándose a acatar una de las primeras reformas del Gobierno que la apresuraban a una jubilación anticipada. Fue sustituida por Małgorzata Manowska, cercana a Duda.
El sistema judicial polaco es complejo, las reformas de los últimos cinco años han sido redactadas con un lenguaje legal pesado. Las democracias tal y como se conocen en Occidente funcionan bajo el imperio de la ley, la fidelidad a la Constitución y con la independencia de jueces, abogados y funcionarios públicos que forman parte del engranaje del sistema judicial. Desde finales del año 2019, la televisión pública emite un programa de lunes a viernes llamado «La casta». Reporteros cuentan historias de los que ellos llaman «jueces corruptos y codiciosos», con temas como «un juez robó una salchicha en una tienda» o «un juez borracho fue encontrado peleando en un bar». Algunas de las historias son ciertas, pero otras muchas no lo son o están sacadas de contexto. Todo forma parte de una campaña para respaldar la reforma judicial del Gobierno y donde los jueces son parte de una élite antipatriótica.
El Tribunal Disciplinario, que depende del Gobierno, sanciona a los magistrados que no son afines al partido oficialista Ley y Justicia