Berlín quiere cerrar ya un acuerdo sobre la PAC
En España aún no se ha llegado a un pacto sobre su posición.
asume el 1 de julio la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea dispuesta a dar un fuerte impulso a las negociaciones del Marco Presupuestario de la UE 2021-27, ampliado con el llamado Fondo de Reconstrucción propuesto por la Comisión Europea y dotado de un importe de 750.000 millones de euros. También pretende conseguir a lo largo de este segundo semestre del año un acuerdo en el Consejo Agrícola sobre la nueva PAC, que ya no comenzará a aplicarse en 2021; lo más probable es que no entre en vigor hasta 2023. En cualquier caso, en ambos asuntos, los presupuestarios y los agrícolas, el acuerdo definitivo no llegará hasta que el Parlamento Europeo proporcione su visto bueno, ya que tiene competencias en estas materias.
La primera cita importante será la Cumbre Europea de carácter presencial que se ha convocado para los próximos días 17 y 18 de julio. Si los jefes de Estado y de Gobierno alcanzasen un acuerdo presupuestario –algo que algunos expertos dudan que se logre en primera instancia–, que permitiese conocer la cantidad asignada a la PAC, los ministros de Agricultura que se reunirán el lunes siguiente día 20 podrían entrar de lleno en las neAlemania gociaciones sobre la nueva PAC, que se encuentran estancadas desde hace varios meses.
Mientras tanto, en España no se ha alcanzado un acuerdo sobre la posición que defenderá el ministro ministro español en este proceso negociador, a pesar de haber transcurrido dos años y un mes desde que la Comisión Europea presentó su propuesta y desde que Planas asumió este puesto. El
Ministerio de Agricultura ha convocado a los consejeros de las comunidades autónomas a una reunión monográfica sobre la aplicación de la nueva PAC en nuestro país para el 23 de julio, tres días después del encuentro de los ministros de Agricultura en Bruselas. Planas y su equipo quieren que el Plan Estratégico Nacional esté listo durante el primer trimestre del año que viene.
Entre los puntos más espinosos de las «negociaciones hispanoespañolas» destacan la definición de agricultor genuino, el mantenimiento de los derechos históricos y los límites de las ayudas que se pueden recibir en cada explotación. Para avanzar en los debates desde el Ministerio de Agricultura se ha remitido un cuestionario con preguntas a las comunidades autónomas.