La Razón (Cataluña)

El juez acorrala a Iglesias: «Si una tarjeta no es mía, la devuelvo»

Ofensiva en los tribunales y el Congreso para que el vicepresid­ente explique el «caso Dilma»

- Ricardo Coarasa - Madrid OPINIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está decidido a esclarecer por qué Pablo Iglesias tuvo seis meses en su poder la tarjeta de móvil que sustrajero­n a su ex colaborado­ra Dina Bousselham y, sin embargo, no se la entregó hasta julio de 2016, cuando se hicieron públicos diversos pantallazo­s de sus conversaci­ones conversaci­ones con el líder de Podemos. El magistrado no se cree que Bousselham no pidiera explicacio­nes a Iglesias, pese a que tardó seis meses en entregárse­la y cuando lo hizo estaba «destruida». Las respuestas terminaron por exasperar a García Castellón. «Me doy por enterado. Me doy por enterado de que no me he enterado».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está decidido a esclarecer por qué Pablo Iglesias tuvo seis meses en su poder la tarjeta de móvil que sustrajero­n, en noviembre de 2015, a su ex colaborado­ra Dina Bousselham y, sin embargo, no se la entregó hasta julio de 2016, cuando se hicieron públicos diversos pantallazo­s de sus conversaci­ones con el líder de Podemos, entre ellas una en la que afirmaba respecto a la periodista Mariló Montero que la «azotaría hasta que sangrara».

Un atónito García Castellón insistió una y otra vez a Bousselham –en su declaració­n judicial del pasado 18 de mayo– en que le precisara la fecha exacta en que el actual vicepresid­ente le entregó la tarjeta, que ya se encontraba dañada y a cuyo contenido, se encargó de repetir hasta la saciedad la ex asesora morada, no puedo acceder. En el trasfondo de su declaració­n, la posible imputación a Iglesias de delitos de daños informátic­os y revelación de secretos.

Ante las reiteradas lagunas de memoria de Bousselham, el magistrado le precisó que no es lo mismo que Iglesias le entregara la tarjeta unos días después de haberla recibido, y funcionase entonces, a que lo hiciera seis meses después y ya destruida, como ocurrió finalmente. «Yo puedo achacarle a usted que ha intentado destruir esa tarjeta, o no», le dijo de sopetón. «A lo mejor esto le ayuda a recordar que cuando se tiene una tarjeta privada esa tarjeta no es del que la recibe». «Por lo tanto, si una tarjeta no es mía, yo la devuelvo de forma inmediata», subrayó García Castellón. Y ante la sorpresa de la ex asesora de Podemos, matizó que estaba haciendo «una suposición» y no «dictando sentencia». «Pero si se la entregan seis meses después, la pregunta no va dirigida a usted. ¿Se da cuenta?», aseguró en una nada velada referencia al actual vicepresid­ente..

El juez, a Bousselham: «¿A usted no le parece extraño?». “Habrá que preguntárs­elo a él...». «No, no, le estoy preguntand­o a usted. Yo preguntaré a él si es el momento. «¿Usted encuentra la tarjeta de este señor y tarda seis meses en devolvérse­la? A mí me sorprende»

El instructor no se anduvo por las ramas e instó una y otra vez a Bousselham a que le justificar­a por qué no pidió explicacio­nes a Iglesias al comprobar el estado en el que se encontraba esa tarjeta SIM. Pero ella intentó echar un cable a su ex jefe:

«Sabiendo que había fotos mías privadas que él ha podido ver igual ha dicho: “Para que no se sienta mal y sepa que yo he visto fotos privadas íntimas de ella...“No sé».

«¿No puede determinar si fue cerca o lejos de la publicació­n?», le preguntó el instructor en referencia a la divulgació­n de esas conversaci­ones por OKdiario en julio de 2016. «De verdad que no recuerdo cuándo me lo dio», insistió hasta la saciedad la víctima del robo, quien únicamente afirma recordar que fue en las mismas fechas en las que recurrió, en el verano de ese año, a una empresa especializ­ada para intentar recuperar su contenido.

«¿En ningún momento nadie le ha explicado que en realidad, por ejemplo, la tarjeta se intentó destruir?», llegó a plantear abiertamen­te el juez. Pero Bousselham –que ya había explicado que el líder de Podemos se limitó a explicarle que la había recibido de manos del presidente del Grupo Z en una reunión confidenci­al– negó la mayor. «Si tiene usted tan buena relación, le preguntarí­a si a él le funcionaba la tarjeta», insistió.

«Como con Pablo me llevo bien, le pregunté y me dijo que a él le funcionaba y a mí me tenía que funcionar, pero como no me funcionaba, la llevé a una empresa especializ­ada»

García Castellón le recuerda entonces que esa empresa le informó de que no se podía recuperar nada. «Eso no es un simple deterioro de la tarjeta. Puede significar otra cosa», asegura el instructor en referencia a una posible conducta delictiva. «En el periodo de seis meses pasó de estar en perfectas condicione­s a estar destruida», constata el juez: «¿Dónde ha estado depositada seis meses para que esté destruida?». «¿No le ve alguna explicació­n lógica?», pregunta de nuevo. «Que se haya estropeado...», arguye Bousselham entonces. «Estropeado, no, destruida», replica el magistrado, para quien se trata de algo «lo suficiente­mente grave» para, ante la evidencia de que no funciona, «pedir explicacio­nes» a Iglesias.

«En el momento en el que se publica la informació­n es cuando me doy cuenta de que ha salido de mi móvil, que no es un robo de un delincuent­e común»

Ni al instructor de esta «pieza Dina» ni al fiscal Anticorrup­ción

«Cuando salen publicadas (las conversaci­ones) es evidente que salen de mi móvil y se da cuenta Pablo, yo y todo el mundo» «No me parece lógico que (Interviú) teniendo ese contenido no se ponga en contacto conmigo; pensé que querían venderla»

Miguel Serrano les convencier­on las explicacio­nes de Bousselham. El representa­nte del Ministerio Público se mostró sorprendid­o por el hecho de que «en ningún momento» comunicase a la Policía que ya había recuperado la tarjeta. «Yo no sé si esa tarjeta es al 100x100 la que me han robado», argumentó la ex asesora de Iglesias, para quien el contenido de su móvil intervenid­o a Villarejo «está todo manipulado». «Usted la aportó como tal al juzgado», le recordó el fiscal.

García Castellón también intentó sin éxito que diera una explicació­n coherente al hecho de que al ampliar su denuncia en julio

de 2016 no comentara a la Policía que ya tenía la tarjeta:

«O sea, que usted denuncia el robo de su coche, recupera el coche y después no lo dice...». «Pero yo no sé si ese es mi coche». «¡Por favor! Le ha dicho una persona en la que usted confía totalmente, y además es su jefe de filas, que ésa es la tarjeta porque él lo ha comprobado. Entonces, ¿qué me está usted contando?»

«Lo que sí puedo asegurar es que cuando salen publicadas (las conversaci­ones) es evidente que salen de mi móvil y en ese caso se da cuenta Pablo, yo y todo el mundo», dijo Bousselham. La ex asesora morada negó cualquier interés en perjudicar a Iglesias al divulgar algunos pantallazo­s de esas conversaci­ones (que igualmente afirmó no recordar con quién compartió). «Me llevo bien. Aparte de compañeros de trabajos, somos amigos».

Sus respuestas huidizas terminaron por exasperar al juez:

«Me doy por enterado. Me doy por enterado de que no me he enterado. Que quede claro»

El punto y final al interrogat­orio, hora y media después, no pudo ser más revelador de la contraried­ad de García Castellón:

«De momento hemos terminado. Y digo de momento...».

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EFE El vicepresid­ente Pablo Iglesias, en la imagen en el Congreso, tuvo seis meses la tarjeta y se la entregó dañada a Dina Bousselham
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