Tradición tonta
EsEs julio en España, con calores tremendos, acaban de morir 40.000 personas de un virus y el Gobierno está aprovechando para sacar adelante una reforma educativa. Es de no creer. De aurora boreal. Los del ejecutivo ¿son bobos o maliciosos?
Un país es su escuela. Y la nuestra tiene problemas. En un cambio de era, sin precedentes desde la revolución industrial, padecemos fracaso escolar, los colegios están obsoletos y está por discutir casi todo. Si es necesario o no el esfuerzo, si la digitalización es o no crucial, si se debe educar en la memoria o en la creatividad, si los profesores y centros deben o no ser autónomos. Todo está por decidir y en casi nada estamos de acuerdo, como es habitual entre españoles. Una Ley Celaá está condenada a ser derogada en cuanto la oposición releve a los actuales partidos y no servirá como cemento de una España común. Lo único que denota la maniobra es el deseo de imponer un esquema ideológico.
Porque esta ley se plantea fuertemente escorada hacia las posiciones de la escuela estatal única. Pretende excluir de los criterios de asignación de aulas la «demanda social», obviando el hecho de que muchos padres siguen prefiriendo la escuela concertada. De la misma manera, vuelve a preterir la asignatura de formación religiosa y reinstaura una polémica formación ética oficial. Sumemos el anuncio de que los dineros que se destinarán a duplicar aulas y contratar profesores (para reducir los grupos de alumnos en otoño, dada la epidemia) van a ser sólo para la escuela estatal y tenemos el cóctel perfecto contra los colegios concertados.
¿Por qué? ¿Por qué si la concertada es más barata y ahorra muchísimo dinero a las arcas comunes? ¿Por qué, si los padres son libres de elegir? Pues, sencillamente, porque un español del siglo XXI y de izquierdas parece aquel que sólo concibe la sociedad de un modo posible. La escuela «tiene» que ser estatal y gratuita. Y punto. Y el que quiera otra cosa, que se haga rico y se lo pague. Un pobre que quiera una escuela concertada no tiene por qué tener derechos similares a los pudientes. La misma actitud se aprecia contra la asignatura de religión –que el de izquierdas considera cosa privada– o en la obligatoriedad de enseñar los valores éticos que le gustan al de izquierdas. Hay un rigor ultramontano. Una inflexibilidad propia de posiciones a la defensiva. Incapacidad de negociar. Son los cantos de cisne del comunismo, ajenos a la evolución plural del mundo, la aldea global, la amplitud universal. En fin, habrá que esperar a la siguiente legislatura para plantear la derogación de la nueva ley educativa. Ya es una tradición tonta.