LA UGT, ¿CONTRA EL IMV?

UnaUna de las medidas más famosas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno de coalición Partido Socialista-Podemos ha sido el ingreso mínimo vital (IMV), un sustento básico para los sectores más extremadamente desfavorecidos de la sociedad que ha concitado un amplio apoyo entre sectores muy variopintos del país. De ahí que acaso resulte llamativo descubrir que una de las más recientes críticas contra el IMV ha procedido de... la UGT. En particular, en un reciente informe, el sindicato advierte de que esta transferencia estatal podría instrumentalizarse para bajarles los salarios a los españoles: «Es imprescindible evitar que se convierta en una renta que favorezca el mantenimiento de unos salarios reducidos o su devaluación, por lo deben introducirse las cautelas precisas en el reglamento de la norma, así como implementarse políticas que combatan de raíz la precariedad». En apariencia, resulta curioso que un sindicato de izquierdas deslice una crítica de este calibre contra esta medida del Gobierno, pero acaso pudiera pensarse que, en esta situación, la honestidad intelectual ha prevalecido sobre el sectarismo ideológico. Pero no. El argumento que emplea la UGT es radicalmente incorrecto. Entre los problemas que puede tener el ingreso mínimo vital no se halla el de devaluar los salarios puesto que no tiene efectos directos sobre la oferta de trabajadores.

Expliquemos mejor este punto comparando el ingreso mínimo vital que ha aprobado el Gobierno con el complemento salarial que durante tantas campañas electorales defendió Ciudadanos. El complemento salarial de Ciudadanos operaba de un modo similar al ingreso mínimo vital pero con una diferencia: sólo podían cobrarlo aquéllos que tuvieran un empleo (remunerado con un bajo salario). Semejante restricción buscaba incentivar que personas que se encontraban voluntariamente en situación de inactividad se lanzaran a buscar empleo o a incrementar el número de horas trabajadas. Un objetivo muy loable pero que sí podía empujar a la baja los salarios antes de transferencias estatales. A la postre, más oferta de trabajadores para una misma demanda de los mismos significa salarios de mercado más bajos. El ingreso mínimo vital, sin embargo, no incentiva por sí solo un aumento de la oferta de trabajadores (de hecho, uno de sus riesgos es que se consolide una trampa de pobreza por la que los perceptores viven del erario sin participar en el mercado laboral) pero, justamente por ello, tampoco empuja los salarios a la baja. Pero si el argumento que utiliza el sindicato es una mala crítica contra el ingreso mínimo vital, ¿por qué razón lo formula? Pues porque le sirve para reclamar al Gobierno un mayor control centralizado sobre los salarios y las condiciones laborales. ¿Y quiénes serían los encargados (por ejemplo, a través de una negociación colectiva más intrusiva) de ejercer ese control? Pues los agentes sociales, es decir, los sindicatos como la UGT. Al final, por tanto, se trata de tergiversar la realidad para reclamar mayores cotas de poder orgánico.