El Gobierno usa el pacto de reconstrucción como aval de la «ley Celaá»
Su supervivencia queda en manos de la «caridad» de las autonomías dependiendo de su signo político
Propone excluir a la educación concertada de toda financiación e incrementar la oferta de plazas públicas en todos los niveles, plantea universalizar la educación infantil de cero a tres años con la creación de plazas públicas, con lo que los centros privados tendrían los días contados. Y no sólo eso, se aprovecha para hacer una defensa a ultranza de la no segregación considerando a los centros de educación especial como un ejemplo de ello. Así queda recogido en el documento de política social que se aprobó ayer en el marco de la Comisión de Reconstrucción tras el Covid-19, que salió adelante con el apoyo de ERC y la abstención de Bildu y los votos en contra de PP, Cs y Junts per Catalunya.
PSOE y Podemos no hicieron más que plasmar sus planes para la educación en España en los próximos años en el documento que va a ser utilizado para elaborar el plan de reformas que se presentará a Europa para que España pueda acceder a fondos. El documento aprobado supondría el aval del Congreso a la reforma de la ley de educación que ha llevado al Congreso, la «ley Celaá». De hecho, la tramitación se volverá retomar en septiembre y ya contempla estas bases ideológicas que tanto malestar y rechazo están generando.
Ciudadanos ayer exigió al gobierno que eliminara sus prejuicios prejuicios hacia la concertada para que hubiera pacto social y se la dote de financiación suficiente. «El plan de reconstrucción no puede ser un plan de marginación ni de autoexclusión. Es una irresponsabilidad volcar reformas ideológicas extraídas de un programa electoral en los pactos de reconstrucción que no son espacios para colocar banderas y eso lo que hace es volar cualquier posibilidad de consenso», explicó la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín. «Un debate sobre cómo superar la crisis educativa no puede centrarse en la titularidad del centro o en el territorio, sino en la necesidad del niño», añadió.
El presidente del PP, Pablo Casado, también acusó al Gobierno de «sectarismo ideológico» por excluir a la concertada de las ayudas a la educación y ya avisó de que no apoyarían las medidas sociales si no se eliminaba la parte que afecta a este modelo educativo.
Mientras, las patronales de las escuelas concertadas no salen de su asombro porque interpretan que, aunque este documento no es una ley orgánica, de alguna manera vincula moralmente a las comunidades autónomas gobernadas por PSOE y Podemos en su intento por asfixiar a la escuela concertada. De este modo, la supervivencia del modelo educativo quedaría a expensas de la «caridad» de las autonomías que permitirían que hubiera más o menos centros que recibieran ayudas dependiendo del signo político del Gobierno. La antesala de esto ya se vio con el reparto de los fondos covid por parte del Gobierno. Prevé transferir 2.000 millones, pero solo para la escuela pública.
«Es vergonzoso que se esté aprovechando la crisis del coronavirus y la oferta de unos pactos para la reconstrucción para cargar contra la concertada una vez más, excluirla y potenciar a la escuela pública», lamentó Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) también mostró su asombro por que se deje a la concertada de los planes de reconstrucción. «Una vez más asistimos a un uso ideológico de los fondos públicos y la solución no está en legislar contra ese 29% de familias que eligen la concertada, es una rotunda injusticia y hay que gestionar sin exclusiones».