Facturas irregulares el 28-A señalan la caja B de Podemos
Los de Iglesias no han podido acreditar el gasto de 425.000 euros de la campaña Existen pagos de consultoría de los que no se ha demostrado su realización
El Tribunal de Cuentas señala en su informe fiscalizador sobre las elecciones generales del 28 de abril de 2019 que entre los cinco principales partidos –PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox– gastaron 762.827 euros de manera irregular. De ese montante, más de la mitad, el 55%–esdecir, 425.037–corresponde a gasto sin justificar o no ajustado a la legislación electoral por parte de Unidas Podemos, la candidatura liderada por Pablo Iglesias, ahora vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre esos más de 425.000 euros de gasto irregular, figura una factura de 133.100 euros «que no han sido debidamente justificados», precisa el Tribunal de Cuentas. En este punto, «la formación alega que ha aportado los trabajos realizados e indicado los actos en los que se han prestado los servicios». Sin embargo, el informe precisa que «sólo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños sin acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos».
Junto a ello, otros 290.727 euros corresponden a conceptos que no tienen la consideración de gasto electoral de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Régimen de Electoral General (Loreg). Esto tiene una consecuencia práctica: los referidos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales y, por tanto, tendrán que ser devuelto s por el partido morado. Dentro de este capítulo, el Tribunal de Cuentas encuentra cuatro elementos irregulares. En primer lugar, Unidas Podemos vincula uno de esos gastos con «la gestión de creación y difusión de mensajes electorales a través de servicios de mensajería instantánea». La factura aportada, sin embargo, subraya que el pago responde a «trabajos de consultoría en redes» y a la «creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes» así como al «análisis del comportamiento de
Podemos reúne el 55% del gasto irregular de los cinco grandes partidos; el segundo en Vox, con 158.108 euros
competidores, votantes e influencers». Ninguna de estas acciones electorales son susceptibles de ser subvencionadas de acuerdo ala ley. Unidas Podemos también aporta facturas de labor es de asesoramiento«al considerarlo un servicio imprescindible especialmente cuando se concurre un proceso electoral con la forma de coalición ». El Tribunal de Cuentas no comparte este criterio.
El informe reprocha también a la formación de Iglesias que incluyera gastos como la colocación y retirada de pancartas de una marca política que no es la de la coalición, en este caso «Izquierda Unida Guadalajara».
Finalmente, pone el acento en un gasto que Podemos vincula con «la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral». Para el Tribunal de Cuentas, sin embargo, tanto la elaboración de las líneas estratégicas de pre campaña y campaña son trabajos de naturaleza preparatoria y, por tanto, no electorales. Sobre estas facturas, Unidas Podemos aportó al Tribunal de Cuentas vídeos y diseños publicitarios, pero, explica el informe, «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor ». Y añade :« Durante la fiscalización se solicitó ala coalición sucesiva información en relación con el gasto, en concreto, que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación». Fue entonces cuando los de Iglesias dieron traslado al órgano fiscalizador de «un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas encuentra irregularidades en la prestación de este trabajo ya que, en primer lugar, «en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado». Además,
precisa el informe, el objeto social de la empresa, según consta en el Registro Mercantil, no coincide «con las prestaciones contratadas». Este último contrato, según explica el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente –despedido por la formación tras ser acusado de un caso de acoso sexual que ha sido recientemente archivado–, fue adjudicado a la empresa Neurona, que algunos medios sitúan próxima al chavismo.
Del resto de partidos, el informe precisa que Vox incurrió en un gasto irregular de 158.108 euros. El montante de facturas sin justificar o no permitidas por la Loreg del PSOE asciende a 69.664 euros, destinados fundamentalmente al alquiler de salas y a las actuaciones musicales de la noche electoral. El gasto irregular de Ciudadanos asciende a los 59.555 euros e incluye, por ejemplo, servicios de maquillaje a los candidatos. El PP gastó 50.463 euros de forma irregular con facturas en gasto de oficina, mantelería y actuaciones musicales.