Quince partidos rechazarán que el Gobierno use el superávit municipal
SUS 190 VOTOS LES DAN MAYORÍA ABSOLUTA EN EL CONGRESO El presidente ni siquiera tiene garantizado el apoyo de Podemos para rubricar el acuerdo con la FEMP
La vieja guardia parlamentaria siempre ha tenido claro el antiguo axioma político de que es un error enfrentarse a los alcaldes. «Evita ir en contra de los ayuntamientos, son los que verdaderamente te pueden hacer un daño porque ahí las ideologías no importan tanto», comenta a LA RAZÓN un veterano político que bregó durante décadas en las altas esferas del poder.
Pues parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha olvidado de ello y puede pagar su primer peaje parlamentario. Una quincena de partidos con representación en el Congreso de los Diputados han mostrado ya su disposición a rechazar de plano el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de las entidades locales, en torno a 14.000 millones de euros, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.
Entre todos suman unos 190 diputados, lo que significa estar muy por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, situada en 176. Y en esta oposición frontal se encuentra también su actual socio de Gobierno Unidas Podemos –o almenos la mayoría de sus alcaldes, con Kichi, el primer edil de Cádiz, a la cabeza–, lo que puede provocar la primera crisis de Gobierno de la «era Sánchez».
Y en esta brega no hay distancia ideológica. La decisión del presidente de cerrar un acuerdo con la FEMP sólo con los votos socialistas y de espaldas al resto de consistorios ha provocado el impensable encuentro entre la formación morada y VOX, que junto a PP, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG y la CUP suman la mayoría suficiente que puede romper el acuerdo. Aunque la formación de Pablo Iglesias difícilmente votará en contra del Gobierno, ni siquiera su participación salvaría el acuerdo al no contar con mayoría.
De hecho, ayer en Zaragoza, convocados por su primer edil y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, se reunieron alcaldes de hasta nueve formaciones políticas distintas que firmaron una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. Los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz-Podemos), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), Zaragoza (PP) y Valencia (Compromís) rubricaron el manifiesto que presentarán a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que derogue de inmediato el contrato con la FEMP y se siente a negociar nuevas condiciones.
En este documento conjunto –que se remitirá a los alcaldes de las capitales de provincia y a los de ciudades de más de 100.000 habitantes además de la ministra– muestran su rechazo frontal al acuerdo, exigen su «rectificación de forma inmediata» y que se deje a los ayuntamientos disponer íntegramente de sus propios fondos. «Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno. Queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes puedan gastarlo en lo que más lo necesiten y eso no se incluye en este decreto. También vamos a incorporar todas las aportaciones que han hecho los alcaldes en la reunión telemática, entre ellas la flexibilización de la regla de gasto de 2021», expuso Azcón.
Entre las reclamaciones «irrenunciables» que recoge el documento se encuentran «garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta misma semana», porque el actual acuerdo porque «vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales». Además, critican que los criterios para la distribución de esos fondos «no son justos ni solidarios y perjudican a cientos de miles de habitantes».
14.000 millones suman los remanentes y el superávit de los consistorios que quiere el Gobierno