Las cuentas de 2021, el inicio para que Sánchez cumpla con Bruselas
Incluirá un nuevo escenario fiscal que contempla que la restauración, el ocio y la cultura tributen al 21% así como recortes a los pensionistas y los empleados públicos, y la electrificación y digitalización de la economía
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se convertirán en el peaje para allanar el camino de España hacia los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo europeo de reconstrucción postcovid-19. De hecho, estas cuentas supondrán el pistoletazo de salida de un ambicioso plan de reformas estructurales a desarrollar en el período 2021-2023, que el jefe del Ejecutivo presentará en Bruselas en otoño próximo, junto con los Presupuestos, para conseguir la bendición comunitaria y poder, por tanto, acceder a los fondos. Por eso los Presupuestos que vienen incluirán el inicio de las reformas fiscal, de pensiones, laboral, de apoyo a la digitalización de la economía y la preservación medioambiental, en consonancia con las recomendaciones marcadas por Bruselas para España.
Así, el Gobierno comenzará su reforma de las pensiones con el retraso de la edad de jubilación para aproximarla paulatinamente a la edad media efectiva de las naciones más avanzadas de la OCDE, situada en 64,5 años de edad. Las cuentas públicas incluirán, además, medidas de apoyo al empleo de los más jóvenes, así como incentivos para una formación académica más ecológica y digital.
El plan de reformas replanteará también el sistema impositivo español. Los Presupuestos de 2022 proseguirán con este plan y las medidas más ambiciosas se pospondrán para los de 2023. En ese ejercicio, Sánchez podría adelantar las elecciones generales para que los socialistas «ganaran músculo en las urnas» y poder, así, afrontar el tramo más duro de las reformas al comienzo de una nueva legislatura con una mayoría más holgada, según fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN.
Las reformas que afrontará el Gobierno son las siguientes:
Pensiones
La factura de la pandemia para la economía española es elevada, con una caída sin precedentes del PIB que superará al finalizar este año, sin duda, los cálculos oficiales del 10%. En este contexto, el endurecimiento de los requisitos para acceder a las pensiones figura en la batería de reformas de Sánchez, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. En estos momentos, estudia aumentar la edad efectiva de jubilación, con el fin de equipararla a la media de los países de la OCDE, situada en 64,5 años. Mientras, Alemania baraja acercarla a los 67 años de edad, medida que tampoco descarta España. Además, el Ejecutivo de Sánchez planea que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía de la pensión, así como estudia congelar las nóminas de los pensionistas. En este caso, un contexto deflacionista como el que vivimos jugará a favor de obra. De hecho, supondrá de facto una ganancia de poder adquisitivo. La última revalorización de las pensiones en función del IPC en enero pasado del 0,9% supuso consolidar en el presupuesto de la Seguridad Social 1.400 millones de euros más de gasto y situar la nómina máxima por jubilación en casi 2.700 euros.
El Gobierno tampoco descarta aplicar, a petición de Bruselas, el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones vigente aún y que no se ha llegado nunca a utilizar desde que se aprobó en 2013. Se trata de un mecanismo de ajuste automático destinado a garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y que en la práctica supondría un recorte de las prestaciones. Mariano Rajoy, precursor del mismo, al final optó por subir anualmente anualmente el 0,25% las nóminas de los pensionistas. Sánchez, por su parte, lo aparcó cuando pactó con Podemos un Gobierno de coalición y ahora estudia desempolvarlo. Los cambios recogen también la limitación de las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta. Ahora la nómina de 2,3 millones de pensiones de viudedad reconocidas asciende al mes a 1.705 millones.
Reforma fiscal
El Gobierno incluirá en su plan de reformas un ajuste del sistema impositivo, siguiendo las recomendaciones de Bruselas. Ahora analiza el conjunto de las desgravaciones del IRPF, con el fin de mantener unas, eliminar otras y crear algunas nuevas. «Se trata de conseguir una mayor equidad» en las deducciones. Como botón de muestra, estudia incluir en las cuentas de 2021 la eliminación de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, orientados a beneficiar a las rentas más bajas, que precisamente son las que no pueden contratarlos.
Fuentes gubernamentales no descartan que el vicepresidente segundo dé la batalla por incluir en el programa de reformas su impuesto sobre las grandes fortunas, así como por subir el de Sociedades. Alza que, desde luego, no sería efectiva para el próximo ejercicio, según estas mismas fuentes consultadas.
Los impuestos indirectos no se salvarán tampoco de las modificaciones que prepara el Ejecutivo social-comunista. La gran incógnita a despejar en los próximos meses es si acometerá esta reforma ya en las cuentas de 2021 o las pospondrá a las de 2022, para no afectar al consumo, que ahora se encuentra en caída libre, después de registrar la economía española el mayor varapalo de su historia con un desplome de su PIB del 18,5% en el segundo trimestre del año. Sea en el próximo o en el siguiente ejercicio, el Gobierno pretende reorganizar el IVA.
Al igual que en el IRPF, quiere dotarlo de mayor equidad. Así, analiza que determinados sectores y artículos, que son usados frecuentemente por las rentas medias y altas, y rara vez por las bajas, dejen de tributar al tipo reducido del 10% y comiencen a hacerlo al general del 21%, al contrario que está haciendo Alemania. En este caso estaría la restauración, el sector del ocio y el de la cultura.
Además, planea subir los impuestos que gravan carburantes, así como los medioambientales. La reforma la completa con los impuestos digitales, donde España mantiene un pulso con Bruselas a costa de si la denominada
«tasa Google» es comunitaria o, además, también nacional.
Administración pública
Con el hundimiento de la economía española, al Gobierno de Sánchez no le quedará más remedio que meter las tijeras en la Administración pública en los próximas cuentas. «Nadie entendería los sacrificios que están haciendo los trabajadores de la empresas privadas, con cierres en cadena de sociedades y, por tanto, destrucción masiva de empleo, y que la Administración pública y sus empleados tuvieran una situación de absoluto privilegio», aseguran fuentes socialistas a este diario.
Por eso el Gobierno no descarta recortar los salarios de los empleados públicos una media del 2%. Además, congelará la oferta de empleo público, salvo en sectores esenciales como la sanidad, la educación y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como acometerá un adelgazamiento de la maquinaria de las administraciones públicas en aras a evitar las duplicidades existentes ahora.
Mercado laboral
El Gobierno, en consenso con los agentes sociales, revisará el sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, especialmente dirigidas a los jóvenes, así como analizará la flexibilización de las condiciones laborales. Su plan de reformas supondrá una apuesta decisiva por aumentar la formación académica en ciencias y tecnologías digitales.
Antes del período de confinamiento, en España solo la mitad de los centros escolares poseían plataformas de aprendizaje digital adecuadas. Por eso el Gobierno impulsará el acceso de todos los alumnos al aprendizaje digital, incluidos los de las zonas rurales y los que forman parte de familias vulnerables.
Digitalización
El Ejecutivo está convencido de que las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica. Por eso impulsará la inversión público privada en el sector.