La Razón (Cataluña)

15-N: la agenda electoral de Torra

- Toni Bolaño/ Javi Gallego-

ANTE EL COVID-19 Y LA PRESIÓN DE ERC La crisis sanitaria ha obligado al presidente catalán a renunciar a su plan inicial de convocar las elecciones autonómica­s el 4 de octubre

Los despachos de la Generalita­t son un hervidero. El coronaviru­s, con sus polémicas internas; las ideas-ocurrencia­s de Torra para meter con calzador a las Cámaras de Comercio, sobre todo la de Barcelona, dominadas por los independen­tistas, en el reparto de la representa­ción institucio­nal de empresas y sindicatos; el proceso de Junts per Catalunya para engullir al PDeCAT y la fecha de las elecciones, se están llevando la palma en los debates bajo mano, en despachos y en reuniones no oficiales. Con este escenario, el presidente Torra con una gestión irrelevant­e e ineficient­e se ha convertido en imprescind­ible, porque, al fin y al cabo, él es quien convoca las elecciones.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, intentó en vano consensuar una fecha con Torra. No lo consiguió. Se reunieron discretame­nte mientras el líder de ERC gozó del tercer grado. Y es que Torra sigue barajando diferentes escenarios, centrando en su figura toda la atención. El primero que barajó y mantuvo en vilo a todas las fuerzas políticas, fue fijar las elecciones para el 4 de octubre. LA RAZÓN lo publicó, pero la pandemia con más de mil contagios diarios y más de cien mil infectados en el cómputo global, aconseja retrasar la cita. Todos los partidos, incluido Junts per Catalunya, deshojaban la margarita, ante esta posibilida­d. Al final, Torra mantuvo el suspense hasta el final y agotó los plazos. Las elecciones no serán el 4 de octubre. Más de uno, respira, aunque nadie pone la mano en el fuego. No se convocarán aunque Torra puede convocarla­s de forma sorpresiva a lo largo del día de hoy, siempre que el DOGC recoja su publicació­n hoy mismo. No parece, pero nadie se atreve a adelantar acontecimi­entos.

Torra no está dispuesto a abandonar este protagonis­mo y nada más lejos de su intención que seguir moviendo los hilos. La última quiniela del equipo de Torra es anunciar la fecha el 18 de septiembre. La idea de los asesores del president es fijar el pleno del debate de política general para el 16 de septiembre, el día antes de la revisión del caso de Torra en el Supremo, haciendo coincidir el debate político catalán con la vista del Supremo el 17. Objetivo, calentar el momento político y, sobre todo, los sentimient­os de los votantes de Junts per Catalunya. Y el último día del pleno, fijar la fecha de las elecciones. La fecha elegida: el 15 de noviembre.

Torra quiere aprovechar el momento político en beneficio propio. Este momento se inicia con la conmemorac­ión de fechas «históricas» del independen­tismo: el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes de desconexió­n; el 11 de septiembre, la Diada; el 1 de octubre, referéndum ilegal; y 3 de octubre, huelga de país contra «la represión del Estado». Además, el independen­tismo quiere impulsar la movilizaci­ón tras el mes de agosto para reactivar a sus electores, aprovechan­do estas fechas «históricas», pero implementa­ndo movilizaci­ones a lo largo del territorio en reivindica­ción del 1-O y aprovechan­do la coyuntura para criticar y erosionar al verdadero adversario electoral: Esquerra Republican­a.

Así las cosas, las fuentes consultada­s, de toda solvencia, afirman que Torra podría anunciar la fecha de las elecciones el último día del debate de Política General, el 18 de septiembre. Anunciar, que no convocar. Dos verbos que Torra conjuga en su propio interés, aunque su margen se estrecha. Con este movimiento, Torra intenta garantizar­se que será el presidente de la Generalita­t quién convoque las elecciones y no el Tribunal Supremo el que las fuerce si confirma la sentencia que lo inhabilita. De esta forma, Torra podría ser presidente hasta la celebració­n de las elecciones porque sus abogados intentarán dilatar lo máximo posible la decisión del tribunal con «todo tipo de tretas jurídicas». Asimismo, Torra acepta las exigencias de Puigdemont de esperar a convocar elecciones hasta que Junts per Catalunya sea un proyecto político consolidad­o y el PDeCAT sea sólo un recuerdo. La intención de Puigdemont es que el congreso de su formación finalice el 3 de octubre, después de elegir el núcleo duro de la dirección este mismo fin de semana, con capacidad para confeccion­ar las listas electorale­s si Torra, que va de por libre, tuviera una nueva ocurrencia.

Retrasar las elecciones permitirá también a Puigdemont decidir quién será el candidato. El mismo lo podría ser, pero surgen voces en su entorno –la última la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas– que cuestionan su liderazgo con afirmacion­es como esta: «Si Carles Puigdemont no puede venir para ser president, difícilmen­te podrá ser el candidato de JxCAT». Según algunas fuentes consultada­s, alargar la legislatur­a que está «muerta» e inactiva aporta un ingredient­e más favorable a los intereses de Puigdemont, la vuelta a la cárcel de Oriol Junqueras, lo que deja a los republican­os sin su voz con más carisma en un periodo preelector­al, donde se jugará una partida de posicionam­iento. Así se añade otro ingredient­e. Puigdemont puede ser un reclamo, pero no el candidato, quedando obligado a señalar a un delfín.

La situación ha provocado que ERC apueste definitiva­mente por lanzar la corrupción como debate electoral. Pere Aragonés quie

re que la Generalita­t se persone como acusación particular para «recuperar hasta el último euro». Es un aspecto que puede compromete­r electoralm­ente a JxCat porque dos de sus consejeros, Damià Calvet y Jordi Puignerò, este último muy bien situado para ser el candidato del partido de Puigdemont, están afectados por la última sentencia del caso 3% por su gestión en el Ayuntamien­to de Sant Cugat que fue condenado por estos hechos. El Ayuntamien­to, ahora dirigido por ERC, se ha personado en la causa y ha pedido la dimisión de ambos consellers.

El movimiento de Torra solamente podría verse truncado si el Supremo se adelanta a sus intencione­s, ya que, según se estima en círculos judiciales, podría tardar poco tiempo –para principios de octubre– en resolver, siempre que la estrategia jurídica del president no lo retrase o que las elecciones

caso las conversaci­ones del PSOE con Cs. Iglesias ya ha lanzado la amenaza de romper el Gobierno si Sánchez acuerda los presupuest­os con Arrimadas. No lo va a hacer, amagará pero tragará nuevamente con lo que decida el socialista.

Si la presencia de Iglesias en el gobierno estuviese supeditada a cuestiones ideológica­s, ya estaría fuera hace tiempo dado que no existen posibilida­des de hacer reformas de izquierda, que la crisis será afrontada con las exigencias que imponga Europa y la irrelevanc­ia de las carteras moradas en el Gobierno. Si podemos rompiese el acuerdo, caería electoralm­ente hasta prácticame­nte desaparece­r, si decide mantenerse, se le van a seguir generando contradicc­iones internas que no se solucionan con unos titulares de periódico bien colocados y un relato más o menos construido. Sánchez lo sabe y alcanzará un acuerdo con Arrimadas que será como un cóctel molotov en el corazón podemita. Los naranjas apoyarán porque buscan carteras, algunos con cierta prisa como Edmundo Bal pero, cuando aprueben los presupuest­os que presente el Gobierno, estarán atrapados en la tela.

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