El PP pide al TS que anule la designación de Dolores Delgado
Teme que pueda usar su cargo con fines políticos «Su nombramiento es la muerte del Ministerio Fiscal y de la Constitución»
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado supone un «ataque frontal y directo a la separación de poderes»; «ausencia de objetividad palmaria»; «dicho nombramiento, no puede decirse de otro modo, un ataque frontal y directo frente a la separación de poderes y la noción del Estado de Derecho»; «un grave atentado a la credibilidad de nuestro sistema de Justicia y nuestro ordenamiento democrático, de consecuencias nefastas e incalculables» o «se explícita y justifica la dependencia y subordinación al Gobierno del que era parte (parcial), con lo que se degrada, se desnaturaliza, y con ello se entierra el Ministerio Fiscal. Y la muerte de una Institución como el Ministerio Fiscal tal y como lo define la Constitución es también la muerte de la Constitución». Y todo ello junto a un «alineamiento sin fisuras con el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno» y a la «animadversión» demostrada hacia el PP y tener incluso la capacidad «de instar, conforme al artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la declaración de ilegalidad y consecuente disolución del Partido Popular».
Estos algunos de los argumentos que esgrime el PP en la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que pide que se declare nulo el nombramiento de Delgado como fiscal general y que, además, se plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial por entender que esa designación contraviniese el Derecho comunitario en lo que se refiere a salvaguardar la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo.
El PP focaliza su impugnación en tres motivos principales: falta de imparcialidad, el que se pueda considerar a Delgado como jurista de «reconocido prestigio» y en «la desviación de poder en que incurre el acto» de su nombramiento como fiscal general. Sobre el primero de ellos. el relativo a la supuesta falta de imparcialidad, es en que se hace más hincapié en la demanda.
Así, destaca cómo Dolores Delgado era Delgado era aún diputada del Grupo Parlamentario Socialista cuando se formuló su propuesta para nombramiento como Fiscal General del Estado, cargo en que no cesó hasta dos días después de dicha propuesta; y de cómo formó parte de las listas del PSOE en las dos últimas elecciones generales, sin ni siquiera especificar que lo hacía como independiente. De esa forma, mantuvo un «alineamiento sin fisuras con el PSOE y el Gobierno del actual Presidente del Gobierno», así como una «notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos y en particular» con el PP. Así, se recuerda en la demanda algunas de sus frases contra los populares: «Lleva en su ADN la corrupción» «es un partido corrupto y en descomposición».
Todo ello le lleva a tener la sospecha e inquietud de que la ocupación por una persona «parcial» al frente de la Fiscalía General «puede derivar en la toma de determinadas posiciones por el Ministerio Público, en todo tipo de procedimientos, pero, muy especialmente, en todos aquellos en curso» en que el PP o miembros del mismo son parte acusada» puedan resultar perjudiciales para los populares «como principal partido de la oposición; partido respecto del cual, «la animadversión de la persona designada como Fiscal General del Estado es pública y notoria».
Posiciones que, añade el PP, «podrían no encontrarse fundadas en la persecución objetiva e