En defensa del Rey Don Juan Carlos

Nuestra clase política, con carácter general, carente de ejemplaridad, tiene mucho que callar y mucho perdón que pedir

propio presidente del Gobierno se ha manifestado a favor de modificar la Ley, prueba de la inseguridad jurídica actual.

La segunda cuestión es la naturaleza jurídica del abandono del territorio nacional por Don Juan Carlos que, si es libre y voluntaria, nada debe objetarse, porque al día de hoy no pesa prohibición alguna al efecto y, por ello, debe respetarse la voluntad regia. Sin embargo, si como parece, el traslado al extranjero es impuesto, constituiría una medida cautelar extrajudicial, sin base legal y e inconstitucional. Es obligado recordar que sobre el Rey Don Juan Carlos, como nos ha recordado el Tribunal Supremo, al día de hoy, no pesa ninguna denuncia ni se encuentra investigado en ninguna causa judicial. En todo caso, cualquier medida cautelar le correspondería dictarla al magistrado instructor con carácter exclusivo y excluyente. Si por el contrario, abandonamos el campo del Derecho y nos adentramos en las pantanosas aguas de la política y, más concretamente, en las ambiguas corrientes de la ejemplaridad, la cuestión se vuelve aún más incierta. Se le exige ejemplaridad al Rey Emérito y bien está. Pero, ¿quién la exige? La exige parte de una sociedad donde la ejemplaridad brilla por su ausencia, donde la corrupción y el despilfarro públicos son de una magnitud insoportables, donde todos los partidos políticos están salpicados, en mayor o menor medida, por la corrupción y el enriquecimiento injusto de muchos de sus miembros, donde las simpatías políticas se otorgan a los herederos de los terroristas y sus amigos, donde se conceden incomprensibles privilegios penitenciarios a los golpistas condenados y donde la traición al Estado está latente en la conducta de no pocos de esos políticos. Nuestra clase política, con carácter general, carente de ejemplaridad, tiene mucho que callar y mucho perdón que pedir. Personalmente, me parece un sarcasmo cruel al linchamiento a que se está sometiendo a quien ha ejercido durante 40 años sus funciones públicas de forma intachable y en beneficio de España.

Es preciso recordar que la supuesta falta de ejemplaridad del Rey Emérito, aún no acreditada, se refiere exclusivamente a una cuestión particular, como es el pago de impuestos. Lamentablemente, el ataque al Rey Emérito no se limita a su real persona, el siguiente objetivo puede ser la Corona, la Constitución, el sistema nacido en la Transición o la propia democracia.

Por último, si finalmente el Rey Emérito tuviera que soportar los rigores del Estado de Derecho, el Gobierno de la Nación debería instar la correspondiente medida de gracia. Nadie en España, en los últimos 45 años, se ha merecido el indulto más que el Rey Emérito, por sus altísimos servicios a España, entre los que se encuentra la sanción de la Ley de Amnistía de 1977. Curiosamente, los herederos de los amnistiados son los que con más virulencia atacan al Rey amnistiador. Sería una injusticia inaceptable que un gran Rey termine sus días repudiado por una cuestión meramente privada y de naturaleza simplemente tributaria. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.