De Irán al Tribunal de Cuentas
Ocho años bajo sospecha La productora o la «caja B» acechan al partido
Bajo la lupa siempre ha estado la sospecha de que en Podemos exista una «caja B» con la que la formación ha podido nutrir ilegalmente al partido. Hasta ahora solo eran dudas que han sido archivadas a su tiempo por la Justicia. Los morados, de hecho, siempre han azuzado con este mismo mantra y se han defendido de las acusaciones de sus enemigos alegando que son las «cloacas del Estado» las que han tratado, apoyados de los «brazos mediáticos» impedir que Pablo Iglesias llegara al Gobierno. Ahora que es vicepresidente, continúan azuzando desde el partido con el mismo argumento, asegurando que las mismas cloacas tratan de destruirlos.
A pesar de ello, lo cierto es que la relación entre Podemos y su financiación ilegal vienen de lejos. En la hemeroteca rezuma ahora los lazos del partido con irán, que ahora tienen su recorrido en la supuesta «caja B» de Podemos. De hecho, la unidad antiblanqueo, el Seplac, alertó al Cuerpo Nacional de la Policía en los años 2013, 2017 y 2018 de los vínculos de empresas sospechosas de lavado de dinero procedente de Irán con la productora en la que trabajaba el ahora vicepresidente segundo del Gobierno; la empresa 360 Global Media, produce programas como La Tuerka o Fort Apache, presentados por el líder de Podemos y contaba con la presencia de personas de su entorno, como Juan Carlos Monedero. De hecho, según publicó «El Mundo», la citada productora recibió 9,3 millones de euros de empresas que recibían fondos directamente desde Irán.
Las sospechas sobre la financiación de Podemos y su «caja B» vuelven ahora a atormentar a Podemos tras que el Tribunal de Cuentas publicara la semana pasada en su informe fiscalizador de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 algunos pagos que Unidas Podemos no ha justificado convenientemente. Así lo señaló la institución: «En la documentación remitida (por Unidas Podemos) figura una factura que incluye gastos por 133.100 euros que no han sido debidamente justificados, aun cuando se han tenido en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite máximo de gastos», señala el Tribunal, una información que será estudiada además por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.