JUECES, MUDOS; PARLAMENTO, SORDO
ConvivoConvivo con las leyes, a diario me enfrento a la no siempre fácil tarea de interpretarlas. A veces no comparto sus previsiones, pero me debo a ellas y no me aprovecho de la toga para que digan lo que me gustaría que dijesen: detesto tal usurpación. Mi crítica la derivaré a trabajos o debates; en última instancia les ajustaré cuentas en las urnas.
Gobernar, como juzgar o legislar, no es fácil. Cada poder se ejerce con dificultad, lo que me hace respetar en especial al legislador como autor que es de lo que el gobierno aplica y los jueces cumplimos y hacemos cumplir. Para deducir sus intenciones a veces procuro adentrarme en las tripas de las leyes, en concreto en los debates parlamentarios, las enmiendas y los avatares del texto proyectado hasta que acaba en el BOE.
Tal exploración suele ser frustrante porque los debates son genéricos o insustanciales. Por eso valoro mucho todo el «antes», es decir, todas las aportaciones y pareceres que vienen desde órganos consultivos a variadas organizaciones. Y por eso es desolador que al elaborarse una ley se silencie o se omita todo ese aporte. Tal patología evidencia desprecio hacia la ley, a la institución parlamentaria como sede de debate que debería ser y, en definitiva, hacia todos los destinatarios de la nueva norma. Y esta tropelía puede cometerse de muchas formas.
Una es, simplemente, no hacer ni caso. Un ejemplo fue la ley del aborto de 2010. Se constituyó en el Congreso una subcomisión por donde desfilaron expertos y organizaciones que opinaron, pero la futura ley estaba más que zanjada y aquello fue pura fachada. Al menos lo que se dijo consta en el Diario de Sesiones. Otras veces no hay debate alguno y, sin más, el Parlamento se limita a estampar un «visto bueno» a lo que manda el gobierno: ahí está la última reforma educativa.
Otra treta –no encuentro otra palabra– es que la iniciativa no sea un proyecto de ley del gobierno, sino una proposición de ley de los grupos parlamentarios que lo apoyan, en cuyo caso no hay que pedir informes a instancias hipotéticamente respondonas. Un ejemplo es la ley del homicidio a demanda o sugerido, perdón, de la eutanasia o la reforma de la ley del Poder Judicial para paralizar al Consejo General del Poder Judicial.
Con todo a veces los llamados legalmente a informar acaban haciéndolo por iniciativa propia. Así lo hizo el Comité de Bioética del Estado que, desde un mínimo sentido de la responsabilidad, emitió el informe que debió pedirle el gobierno a la ley de la eutanasia. Y aquí la historia se repite. Por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial del que formé parte informamos –nadie nos lo pidió– el proyecto de Constitución europea o el estatuto de Cataluña. Se trataba de textos que afectaban a la Justicia, es más, el segundo derogaba su régimen constitucional. Que el órgano de gobierno del Poder Judicial hubiese callado ante semejante iniciativa habría sido una imperdonable irresponsabilidad.
Caso aparte fue la ley del «matrimonio» homosexual. El gobierno sabía que debíamos informarla, pero por temor a la crítica se negó a pedirnos el informe preceptivo. Eso fue peor porque se advirtió un choque entre jueces y gobierno y, encima, no impidió que diésemos nuestro parecer. Al informar esa ley lo prioritario para nosotros no era lo que dijésemos, por crítico que fuese, sino defender una competencia que nos la daba la ley y no el gobierno a capricho suyo.
Ahora se quiere silenciar de nuevo al Consejo con una reforma cuyo objetivo es inutilizarlo. Algo que ya no sorprende, propio de dictaduras insolentes o chulescas. Aun así siempre cabe que el Consejo, guste o no, dé su parecer, lo proclame bien alto y difunda dentro y fuera de España. Y esto sin perjuicio de que, a más, su presidente hable alto y claro. Así lo hizo en 1984 Sainz de Robles, entonces presidente del Consejo, en aquel memorable discurso de Apertura de Tribunales: ante el Rey, el Supremo en pleno y un ministro descompuesto, denunció esa tropelía socialista –para variar– que luego fue la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo un ejemplo.
«Ahora se quiere silenciar de nuevo al Consejo con una reforma cuyo objetivo es inutilizarlo»