Las necesarias elecciones en Cataluña
LasLas elecciones autonómicas en Cataluña se celebrarán definitivamente el 14 de febrero. La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ayer mantener los comicios en la fecha oficialmente estipulada, con la campaña ya en marcha, y anular de esta forma el decreto del Govern que las aplazaba, en principio, al 30 de mayo. Es una decisión esperada que enmienda la enésima cacicada antijurídica de la administración separatista y por consiguiente encauza legalmente el proceso. Los fundamentos del fallo fueron anticipados en el auto del pasado viernes en el que mantenía el 14-F de forma cautelar por la necesidad de «preservar la normalidad democrática» y evitar una «situación de bloqueo y precariedad institucional» que afectaría a la legitimidad del gobierno de la Generalitat en plena pandemia. Conocido en detalle en su día el decreto que suspendía de facto el derecho al sufragio de los ciudadanos del Principado, se dio por hecho no solo que habría recursos, sino que estos prosperarían ante una iniciativa deficientemente redactada e irregularmente definida, que a todas luces infringía la normativa electoral y el Estatut y sumía al territorio en un espacio indefinido, un limbo del gusto e interés del poder independentista. La resolución del tribunal repone el derecho y la seguridad jurídica, que ya es mucho, más allá de que la clase política se haya guiado por razones electoralistas para decantarse por una u otra fecha. El separatismo desde el Palacio de la Generalitat o el efecto Illa, desde La Moncloa, han instrumentalizado la ruleta del calendario como si el contagio fuera relativo y no lo es. Muy distinto es que, más allá de que el estado de derecho no pueda ser violentado por brotes despóticos de las instituciones que lo deben preservar, Cataluña tenga urgencias inexcusables por romper la provisionalidad que arrastra incluso desde la presidencia vicaria de Torra, pero más aún desde su condena e inhabilitación. La decadencia de una comunidad que fuera la locomotora de España, agudizada por la pandemia, es el fruto de esa involución del régimen nacionalista desde el ilegal 9-N y su apuesta estratégica por un enfrentamiento directo con el Estado y la Constitución. La factura de sumar error tras error ha resultado desoladora en bienestar, prosperidad y fractura social. Prorrogar la interinidad sería privar a la ciudadanía de enmendar errores y de castigar al conglomerado de poder e intereses que ha gobernado contra una mayoría de catalanes y contra el bien común de todos, aunque no fueran conscientes de ello. Sin duda, celebrar unas elecciones en las presentes circunstancias de salud pública no es lo ideal, pero hay estructuras, instrumentos y medios suficientes como para garantizar la seguridad del proceso. Hurtar el derecho al voto en una democracia debe ser la última opción.
«No es el mejor escenario, pero el desgobierno agudizaría la crisis y sus estragos»