Bronca entre Podemos y Escrivá por los prejubilados
El ministro rechaza en un borrador eliminar los coeficientes reductores con carácter retroactivo de estos pensionistas afectados por la crisis por su elevado coste
Casi tres meses después de que el Pacto de Toledo presentara en el Congreso de los Diputados el documento final con las 22 recomendaciones para reformar el sistema de pensiones y éste fuera aprobado por una contundente mayoría, el Ministerio de Seguridad Social sigue pendiente de cerrar algunos de sus puntos más polémicos. Entre ellos se encuentran la prolongación de la vida laboral más allá de la edad oficial de jubilación -un empeño personal del ministro José Luis Escrivá-, pero que todavía debe determinar el sistema de incentivos; el recorte de la estructura del régimen de jubilación anticipada -aumentando las trabas y las penalizaciones al máximo para acabar con su generalización y reducirlo al mínimo posible- y dos de los aspectos que más polémica han levantado entre los numerosos colectivos afectados: las penalizaciones sufridas por los trabajadores que se jubilaron anticipadamente con 40 o más años cotizados y los que se vieron forzados a retirarse antes de tiempo por culpa de las regulaciones forzosas de empleo con base en las sucesivas crisis económicas, que les expulsaron del mercado laboral y les obligaron a jubilarse anticipadamente con importantes reducciones en sus retribuciones por culpa de los coeficientes reductores vigentes, con recortes de hasta un 40%.
Respecto a estos últimos, el equipo de trabajo que elabora el proyecto de reforma -integrado en la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social- se marcó un plazo máximo de 90 días -tras la presentación del documento con las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo- para la realización de un informe que evaluara el impacto que sobre el sistema público de pensiones tendría la asunción del coste de la despenalización de las prejubilaciones anticipadas forzosas y ver la posibilidad de otorgar indemnizaciones a estos trabajadores, además de establecer cómo debería incluirse directamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Con retraso, la Seguridad Social ya ha presentado a los dipurazón, tados de la comisión de seguimiento un documento con conclusiones sobre algunas de las recomendaciones, pero en el caso de la número 12 -la que corresponde a las prejubilaciones-, la propuesta no ha sido la esperada y ha optado por rechazar cualquier compensación. Por esta Podemos -a la sazón látigo de Escrivá durante los últimos meses- ha exigido al ministro una reunión con esta comisión para que cumpla con lo pactado y presente ya, de manera oficial, un informe afirmativo y con medidas concretas y «no vaguedades en contactos informales», de las que los representantes podemitas se han quejado abiertamente ya que solo plantean cuestiones «de forma muy dispersa y sin concreción».
Según ha podido saber este diario, en el borrador presentado por los técnicos se ha optado por rechazar que se subsane la situación de este colectivo de prejubilados. En concreto, piden que se mantenga inalterable la aplicación de los coeficientes reductores. Así, se descarta el carácter
Sindicatos y asociaciones han hecho frente común en esta cuestión con la formación de Pablo Iglesias
retroactivo, aunque se abren a la posibilidad de cambiarlo en el futuro. La razón esgrimida para suspenderlos se sustenta en que supondría un coste difícilmente asumible para las arcas públicas a corto y medio plazo, ya que la factura se elevaría por encima de los 2.200 millones de euros al año para compensar a unos 510.000 afectados. Según se reconoce, el Ministerio quiere evitar que la retirada de estos coeficientes reductores se aplique a todos los colectivos que se encuentren en una situación similar -no solo a los prejubilados por las crisis o mutualistas que lo reclamen-. Esto implicaría que casi 2.150.000 jubilados estarían en disposición de reclamar estas compensaciones, lo que provocaría que la factura presupuestaria podría multiplicarse incluso por cuatro y elevarse por encima de los 8.000 millones de euros.
También se escuda el Ministerio en que la pensión media que actualmente perciben los trabajadores con jubilación anticipada y prejubilados es superior a la de los que se jubilan a la edad ordinaria. Asimismo, recuerda que miles de estos trabajadores ya fueron compensados en 2007, durante la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó un complemento mensual de pensión de hasta 63 euros, con un mínimo de 18 euros -según el coeficiente de reducción aplicado a cada pensionista- como una compensación por la reconversión industrial y la privatización de empresas públicas de los primeros años del siglo XX.
Pese a ello, Escrivá no quiere precipitarse y pisa ya con pies de plomo tras las últimas polémicas con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Teme que vuelva a formarse una bola de nieve gigante como la que se formó con la intención de elevar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, que casi le arrastra hacia la dimisión, aunque finalmente el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le refrendó en el puesto. Pero Podemos no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para desgastar al ministro que más cuestiona del equipo económico de Sánchez, y con el que ha tenido serios encontronazos. Por eso, ha pedido la comparecencia de Escrivá en la comisión del Pacto de Toledo para que explique estos extremos.
Más recelos
Sindicatos y asociaciones también han mostrado su recelo sobre esta cuestión. Los sindicatos pretenden que esta discusión se trate en la mesa del diálogo social y ya han mostrado que su postura será la de su apoyo incondicional a estos colectivos y su negativa a que no sean compensados. UGT ha defendido que los trabajadores expulsados del mercado laboral por la última crisis financiera, por ejemplo, han sufrido una doble penalización, ya que la inmensa mayoría de ellos procedía directamente del desempleo.
La semana pasada, la asociación más activa y luchadora, Asjuvi40, se sumó a Podemos y sindicatos en su petición de información al Ministerio tras registrar en el Congreso una solicitud para reunirse con la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio. Su intención es lograr su compromiso para que se termine con lo que consideran un agravio para más de 500.000 pensionistas. Pero si no hay voluntad política, sus aspiraciones pueden quedarse en nada, después de que algunos contratiempos judiciales, como el rechazo a que se reconozca su situación como jubilación involuntaria, hayan restado fuerza a sus reivindicaciones.
De momento, el Ministerio de Escrivá se mantiene en una postura inamovible sobre lo trasladado a los diputados del Pacto de Toledo. Su principal conclusión es que desaconseja la adopción de estas medidas de compensación con carácter retroactivo por su elevado coste presupuestario. De ahí que Podemos, sindicatos y prejubilados presionen a la comisión para que intente cambiar la posición ministerial en su informe definitivo.