Isabel II cambió la ley para ocultar su patrimonio
Solo tenía 25 años cuando se convirtió en soberana. Ahora tiene 94 y su reinado es un ejemplo. Mientras el resto de la familia real se ha visto envuelto en diferentes escándalos –desde sus hijos hasta sus nietos y las mujeres de estos (nadie olvida el reciente Megxit)–, la figura de Isabel II se ha mantenido como el gran pilar de la monarquía británica. Sin embargo, ahora ha sido acusada de presionar al gobierno para que cambiase un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada, el secreto mejor guardado del Reino Unido. Se estima que asciende a cientos de millones de libras. Pero nadie sabe con exactitud la cifra de su patrimonio.
Los supuestos hechos se remontan a más de cuatro décadas. «The Guardian» ha desenterrado del Archivo Nacional unos documentos que datan de noviembre de 1973 que sugieren que los abogados personales de la monarca presionaron con éxito a los ministros para cambiar la normativa de transparencia que el entonces primer ministro
Edward Heath quería plantear a Westminster.
Según el diario, tras la supuesta intervención de la reina, el Ejecutivo acabó insertando una cláusula para eximir a las empresas utilizadas por los jefes de Estado de las nuevas medidas. El acuerdo de la década de los 70 se utilizó en la práctica para crear una corporación fantasma respaldada por el Estado que, según se cree, ha ocultado las participaciones e inversiones privadas de la soberana hasta, al menos, 2011. Para ello se habría utilizado un procedimiento parlamentario, parlamentario, conocido como el «Consentimiento de la reina», que obliga a los ministros a avisar a la jefa de Estado cuando la legislación pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la Corona.
Desde el palacio de Buckingham niegan que la soberana quisiera bloquear ninguna normativa. «El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, con el papel de la soberana puramente formal. El consentimiento siempre lo otorga el monarca cuando lo solicita el gobierno. Cualquier afirmación de que se ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta», señala un portavoz.