AstraZeneca para un nuevo grupo de entre 45 y 55 años
La actualización de la Estrategia de Vacunación incluye a personas de entre 56 y 59 años y a las de menos de 60 con patalogías previas, y marca la pauta de inmunización para quienes han tenido Covid-19
Comisión de Salud Pública, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó ayer crear nuevos grupos prioritarios que seguirán a los actuales en el proceso de vacunación en España: personas de 70 a 79 años (grupo 5B), de 60 a 69 (grupo 5C), las de menos de 60 con condiciones de riesgo alto de Covid-19 grave (grupo 7) y las de edades comprendidas entre los 56 y 59 (grupo 8), para quienes se ha reservado por el momento las vacunas de Pfizer y Moderna. «La definición de dichos grupos se ha realizado en previsión de una mayor disponibilidad de dosis de vacunas en el segundo trimestre del año», explicó Sanidad.
Además, la cuarta actualización de la Estrategia de Vacunacion especifica que, una vez completada la inmunización a colectivos con función esencial para la sociedad que fueron prioLa
Los menores de 55 años que hayan pasado la enfermedad solo recibirán una dosis del suero a los 6 meses del positivo
El texto considera imprescindible «el principio de solidaridad» para dar las vacunas de más eficacia a los más mayores
rizados en la anterior actualización, se administrará el suero de AstraZeneca a las personas de entre 45 y 55 años (grupo 9).
Asimismo, el documento hace una serie de recomendaciones de inmunización para los que han pasado la enfermedad, que divide en cuatro situaciones distintas. En primer lugar, la de los mayores de 55 años que ya han recibido una primera dosis, a los que aconseja completar normalmente la pauta con la segunda. Más tarde, los que en ese tramo de edad se han contagiado tras recibir el primer pinchazo, en cuyo caso se les administrará el segundo una vez recuperados y completado el aislamiento.
La tercera situación abordada es la de los menores de 55 años que han pasado la enfermedad, para los que se ha determinado que reciban una única dosis a los seis meses de que sean diagnosticados como positivos. Por último estarían aquellos de este grupo de edad que se han infectado entre pautas, por lo que sí tendrían que recibir una segunda inyección a los seis meses. En cualquier caso, el texto dice que no será necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones para verificar si se poseen anticuerpos contra la Covid-19.
La Comisión de Salud Pública justifica su decisión sobre la pauta vacunal a las personas que han padecido la enfermedad en que «la gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes y estimulan la inducción de respuesta de células T»; además, el número de casos con reinfección documentada «es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección», pero aún no está claro en qué porcentaje y por cuánto tiempo están protegidos.
Por otra parte, el documento recuerda que el principal riesgo de hospitalización y muerte por Covid-19 es superar los 60 años, y que éste va aumentando progresivamente a partir de esa edad. Por ello, resalta la importancia de que la vacunación de las personas mayores no institucionalizadas se efectúe «cuanto antes».
Asimismo, la actualización hace hincapié en que es imprescindible considerar «el principio de solidaridad» para que las vacunas que tienen eficacia acreditada en los grupos de mayor edad lleguen a estas personas, aunque teniendo en cuenta que todas las que se administran en España contra la Covid son seguras y eficaces.
La decisión de vacunar a las personas más vulnerables no institucionalizadas con vacunas aptas para su edad (Pfizer y Moderna), comenzando por las de 80 años de edad y mayores, «se sostiene en los principios de necesidad y equidad» descritos con en la estrategia de vacunación y en la anterior actualización, señala el texto.
Por este motivo, la elección del tipo de vacuna «no puede establecerse a nivel individual, sino que debe basarse en la información disponible sobre la eficacia, la seguridad y la indicación de las vacunas para los diferentes grupos de población, atendiendo a los diferentes riesgos entre los que prima, desde una perspectiva ética, el riesgo de morbilidad grave y mortalidad», indica.
Otro de los aspectos que subraya el documento es que la atención a los distintos grupos que deben ser priorizados en la vacunación «resulte compatible con una administración eficiente de las vacunas». Es decir, considera que «no sería una decisión ética aquella que, por pretender identificar a todos los grupos que deben ser priorizados, hiciera tan complejo el proceso de vacunación que lo ralentizara indebidamente o trasladara a los ciudadanos una sensación de confusión acerca de cuándo van a ser vacunados».
En este sentido, la priorización de colectivos vulnerables «mantiene su vigencia». E incide especialmente en la población penitenciaria, ya que «se trata de un colectivo sujeto a una especial tutela del Estado y que vive en entornos cerrados».
Por último, el documento destaca que «ya se comienza a observar una menor proporción de personas hospitalizadas procedentes de residencias de mayores», aunque sin precisar la cifra, y sostiene que en otros países con más dosis administradas «se está observado un impacto positivo sobre la infección y las hospitalizaciones».
Ya se comienza a observar una menor proporción de personas ingresadas en los hospitales procedentes de las residencias