Golpe a la seguridad jurídica
¿Por qué ha expropiado Baleares las viviendas?
El Ejecutivo autonómico considera que se trata de inmuebles vacíos destinados a la especulación que deben salir al mercado para atender las necesidades de colectivos vulnerables que no pueden permitirse destinar más del 30% de sus ingresos, que es el máximo que el Gobierno balear establecerá en estos pisos, al pago del alquiler.
¿Por qué es una mala noticia para el sector?
Porque, como en cualquier otra actividad económica, la seguridad jurídica es fundamental para garantizar las inversiones. Y una medida de este tipo pone en entredicho dicha seguridad, lo que hará que muchos inversores se lo piensen dos veces antes de mirar a Baleares.
¿Es efectiva una medida de este tipo?
Sobre el papel, sí porque permite a la adaministración de turno disponer de un parque de viviendas sociales del que carece de forma inmediata. Ahora bien, habrá que ver si los tribunales bendicen tan polémica decisión. Desde el sector aseguran que decisiones como ésta atentan contra principios tan básicos como el de la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución. De hecho, en un reciente sentencia sobre la Ley de Vivienda de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya ha advertido contra las intenciones de expropiar cualquier derecho fundamental.
¿Estarán inmediatamente disponibles las viviendas?
No. Todavía tiene que completarse en procedimiento administrativo correspondiente. En todo caso, el Gobierno balear ha advertido de que, aunque sus propietarios pueden recurrir a los tribunales, sus recursos no paralizarían la iniciativa y las expropiaciones seguirían adelante.
¿Qué medidas defiende el sector?
El sector inmobiliario tiene muy claro cual es el problema que hay en España: la falta de vivienda social. Por eso, considera que lo que hay que hacer es invertir para levantar un parque acorde a las necesidades. Como solución más inmediata, proponen entregar ayudas a las familias más vulnerables para alquilar, una decisión que evitaría expropiaciones como la de Baleares y la batalla judicial que puede venir. También creen que se pueden firmar acuerdos con grandes tenedores, pero en ningún caso obligarles a ofrecer sus viviendas para alquiler social.