La Razón (Cataluña)

La pistola que mató al concejal Becerril

Moncloa organiza un show con apisonador­a incluida para la destrucció­n de las armas de ETA

- J. M. Zuloaga EFE

Muchas víctimas no asistirán por los beneficios del Gobierno a los presos etarras

LaLa orden partió hace tiempo de la Audiencia Nacional. Mañana, en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, serán destruidas, en las instalacio­nes de la Guardia Civil de Valdemoro, 1.397 armas que fueron utilizadas por ETA, la mayoría, y los Grupos de Resistenci­a Antifascis­ta Primero de Octubre (GRAPO). Es un hecho sin precedente­s, por la utilizació­n de una apisonador­a, ya que, normalment­e, se mandan directamen­te a la fundición con la sola presencia de los agentes encargados de la verificaci­ón. Se trata de escenifica­r con fines mediáticos lo que es una actuación habitual de la Benemérita.

Entre las armas, están las utilizadas por el «comando Andalucía» para asesinar, el 30 de enero de 1998 al concejal del PP de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García. Hay quienes piensan que, como ha ocurrido con otras, estas pistolas, por la relevancia histórica del hecho criminal, podrían haber ido al Museo de la Benemérita, cuerpo que desarticul­ó, en una brillante operación, a la célula etarra.

Los autores del crimen, detenidos y condenados, fueron los pistoleros Mikel Azurmendi y José Luis Barrios, que forman parte del grupo de presos que han obtenido beneficios penitencia­rios y han sido acercados por el Ministerio del Interior a cárceles próximas al País Vasco. En concreto, los dos cumplen condena ahora en la prisión de Zuera, en Zaragoza.

Asimismo, entre las armas están las que tenían los integrante­s del «comando Barcelona», que cometió la matanza de Hipercor: Domingo Troitiño, Josefa Ernaga y Rafael Caride, estos dos últimos ya en libertad. Y las «comando Txirrita», integrado por Mikel San Argimiro, Balbino Sáez e Imanol Miner, que colocaron el 1 de mayo de 2002 un coche-bomba en el estadio Santiago Bernabéu antes del partido de vuelta de las semifinale­s de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Barcelona.

El hecho de que el acto sea encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suscitado polémica entre algunas asociacion­es de víctimas que, o bien no asistirán, como es el caso de Dignidad y Justicia, o si lo hacen, como la AVT, es en homenaje a las Fuerzas de Seguridad, las grandes protagonis­tas de la incautació­n de dichas armas.

La presencia de Pedro Sánchez, en un acto al que se le quiere dar la mayor publicidad, con invitación a representa­ntes de otras institucio­nes y cuerpos policiales, ha sido interpreta­da en los citados medios como una manera de contrarres­tar las críticas por la política penitencia­ria del Gobierno a favor de los presos de ETA derivada de los pactos con Bildu.

Lo que podría haber sido un acto de destrucció­n de armas, como los que realiza habitualme­nte la Guardia Civil todos los años en las distintas comandanci­as (las armas se llevan directamen­te a la fundición), se ha convertido en una convocator­ia institucio­nal en la que se pretende escenifica­r la derrota, en el plano operativo, de ETA y de los GRAPO. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, no se tenía previsto revelar qué crímenes fueron cometidos por esas armas.

En cualquier caso, las armas, parte de las cuales serán aplastadas por una apisonador­a y después enviadas a la fundición, han pasado ya su recorrido judicial; de ahí, la orden de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, su conservaci­ón no tiene ninguna utilidad salvo que a algunas se las hubiera destinado a un museo, por haber sido utilizadas en crímenes de especial relevancia.

El acto ha sido impulsado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Su director, Florencio Domínguez, ha explicado a LA RAZÓN que la destrucció­n de estas armas estaba ordenada desde 2016 y que se ha organizado ahora este acto simbólico, ya que a las organizaci­ones terrorista­s prefieren la destrucció­n en secreto (como hizo el IRA) y no que se escenifiqu­e su derrota.

La presencia del presidente del Gobierno se debe a que encabeza la Fundación del Centro y se ha invitado a anteriores jefes del Ejecutivo, cuya asistencia no ha sido confirmada.

En el acto, las armas estarán cubiertas por una lona y se invitará a representa­ntes de las víctimas para que la descubran. La apisonador­a pasará por encima de una parte de ellas y el conjunto será enviado a una fundición para su destrucció­n total.

Asimismo, han sido invitados, además de las víctimas, representa­ntes de los funcionari­os de prisiones, de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos, Policía Foral...) e institucio­nes políticas.

Con respecto a la no identifica­ción de las armas y su vinculació­n con crímenes concretos, Domínguez explica que se consultó con los familiares de las víctimas afectadas. Un modelo de cada arma de las utilizadas por las bandas terrorista­s ha quedado en poder del Memorial a efectos de su conservaci­ón histórica.

No es la primera vez que Sánchez asiste a actos simbólicos de este tipo, como ya hizo con la entrega de miles de documentos de ETA remitidos en su momento por el Estado francés.

El Ministerio del Interior ha precisado que en total serán destruidas 1.377 armas completas y 19 piezas fundamenta­les (697 pistolas; 172 revólveres; 274 subfusiles; el resto son fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa), que permanecía­n bajo custodia de la Intervenci­ón de Armas de la Comandanci­a de Madrid de la Guardia Civil.

Fueron intervenid­as a comandos terrorista­s de ETA y del PCE(r)-GRAPO en operacione­s policiales desarrolla­das en España, sujetas a sumarios instruidos por los distintos juzgados centrales de la Audiencia Nacional entre 1977 y 2005. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno de este órgano judicial dictó una resolución en la autorizó la destrucció­n de todo este armamento.

No serán destruidas ahora las armas aún sujetas a procedimie­ntos judiciales todavía en instrucció­n en la Audiencia Nacional o las entregadas por las autoridade­s francesas en febrero de 2018, que formaban parte de una cincuenten­a de procedimie­ntos judiciales instruidos en ese país entre 1999 y 2009 .

Además del «comando Andalucía», figuran las incautadas a las infraestru­cturas de ETA en Navarra, Barcelona, Donostia-San Sebastián, Vizcaya y Madrid, desarticul­adas en diferentes fechas a lo largo del tiempo, en el que sucedieron comandos con distintas denominaci­ones, en las que se intervino en conjunto un número muy importante de armas.

Asimismo, las del «comando Motrico», en 1978; «comando Donibane», en 1981; «comando Pepe Barros», en 1984; «comando Olloki», en 1986; «comando Txalupa», en 1987; «comando Txarito, en 1988; «comando Lambroa», en 1994; «comando Sugoy», en 1996; «comando Galizia», en 1996, y «comando Bakartxo», en 2002.

Respecto al armamento intervenid­o al PCE(r)-GRAPO , el 10 por ciento del total, destacan las pistolas STAR, 9 mm, o los revólveres ASTRA incautados a esta organizaci­ón terrorista en distintas operacione­s policiales desarrolla­das en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela.

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Agentes de policía y algunos ciudadanos en el exterior del Hipercor que sufrió un atentado de ETA el 19 de junio de 1987 en Barcelona

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