Los propietarios alertan de inseguridad jurídica en Baleares
La oposición cree que la medida de Armengol sigue la estela de los «chavistas»
Desde Vox advierten de que podría favorecer a los «fondos buitre» o bancos propietarios que no estén obteniendo beneficios
La decisión del Gobierno balear de iniciar la expropiación de 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales ha desatado las críticas entre los propietarios y la oposición política local y nacional. Advierten de que la medida de la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol es «chavista» y que «erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión». La patronal de propietarios Asval, como representante mayoritaria de los propietarios de vivienda en alquiler asegura que la medida supone un «ataque al Derecho a la propiedad privada» consagrada en la Constitución. Además, es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeo y «vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer carecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión».
Desde Asval insiste en que se tratan de medidas que «generan mucho ruido» pero que no son efectivas, ya que «provocan siempre una reducción de la oferta de la vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan». Esto, recalcan, a medio-largo plazo «perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger». Por ello insisten en que, con esta medida no se soluciona el problema de vivienda pública en España sino que «se necesitan medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales» porque, con ello, el Gobierno Balear lo que hace es «cargar sobre los propietarios la responsabilidad de dotar de vivienda pública a los colectivos vulnerables».
También la oposición criticó la expropiación del gobierno balear. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, tachó de «intolerable» que el PSOE balear «expropie viviendas» y «atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual», apuntó en cuenta de Twitter, en el que sostuvo que «hay que destinar más suelo público, impulsar seguros de arrendamiento, deducciones fiscales y avales públicos», además de combatir la okupación. También se pronunciaron otros miembros del PP como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que denunció que «ha llegado a España el exprópiese de Chávez» con el «silencio» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. «En un país normal el presidente del Gobierno ya habría llamado al orden a Armengol y se habría reafirmado en la defensa de la propiedad privada». El líder de los populares de Baleares, Biel Company advirtió también de que «el acceso a la vivienda no se soluciona con medidas populistas al más puro estilo chavista».
En su caso, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, dijo que «si legalizamos la okupación, controlamos los alquileres y expropiamos el uso de viviendas, perdemos seguridad y vamos a convertir al país en un mercado que no es ni libre ni abierto, lo que nos va a perjudicar mucho», alertó.
Los populares de Baleares recuerdan que esta era la medida «estrella» de la Ley de Vivienda que el Gobierno balear de Armengol aprobó en 2018. «No es algo nuevo que hayan hecho de un día para otro», denuncian, sino que «han tardado tres años en aplicar esta medida». El PP balear presentó en su día una enmienda a la totalidad en su día a esta ley, pero fue rechazada.
Desde Vox de Baleares, Jorge Campos advirtió: «Hoy son eso que llaman grandes tenedores, mañana este Gobierno de comunistas le puede quitar la casa a cualquiera», augura. Vox recuerda que cuando se aprobó la norma se advirtió de que su ejecución supone una intromisión en la esfera privada que, por el momento sólo afecta a los llamados «grandes tenedores». Vox ha solicitado información detallada de esta operación al considerar que pudiera favorecer a los llamados «fondos buitre» o propietarios de bancos a los que no les estén produciendo ningún beneficio.