La Fiscalía no ve delito de odio en el chat de los exmilitares «golpistas»
Lo considera una conversación «privada» amparada por la libertad de expresión
La Fiscalía Provincial de Madrid optó ayer por archivar las diligencias de investigación que abrió en diciembre en relación al chat de militares de la XIX Promoción del Ejército del Aire, en el que se hablaba de «fusilar a 26 millones de hijos de puta» y se abogaba por un golpe de Estado.
Pese a que en un primer momento apuntaba que en dichas conversaciones se vertían «manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar», tras sus indagaciones considera que no son constitutivos de un delito de discurso de odio. Además, insiste en que se trata de un chat «privado» al cual no ha podido tener acceso.
En concreto, según la Fiscalía, los integrantes del grupo deWhatsApp ex ponen opiniones a los demás participantes« con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», sin que exista voluntad de publicitarlas fuera de ese ámbito.
Y es que considera como «dato objetivo» que se trata de un chat privado «donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participes» y sin que exista voluntad alguna «de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos». Por ello, «no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo».
Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados en el chat, la Fiscalía advierte de que «aisladamente contemplados constituyen la exteriorización de una oposición a accionesindeterminadas y generales del Gobierno».
Es más, los considera una «crítica dura» enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre». Según explica, es «una forma de expresar un descontento con la situación política actual».
Ahora, con esta decisión Defensa deberá decidir si actúa de alguna forma contra los militares retirados. Al estar fuera de la disciplina castrense, Defensa sólo podría intentar quitarles ciertos «privilegios» que tienen por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, como vestir el uniforme o identificarse con su empleo militar.