Orban y el PPE se deslizan hacia la ruptura definitiva
Los populares europeos fuerzan la salida del grupo del primer ministro húngaro en la Eurocámara al aprobar una reforma que permite la expulsión de los partidos miembros
La relación entre Fidesz –la formación del primer ministro húngaro Viktor Orban– y el Partido Popular Europeo (PPE) vuelve a bordear la ruptura. El grupo parlamentario de esta familia política aprobó ayer cambios en sus normas internas para que sea más fácil castigar a todo un partido y no sólo a uno de sus eurodiputados, tal y como sucede hasta ahora. A nadie se el escapa que esta reforma tiene como objetivo estrechar el cerco sobre el partido de Orban, ya expedientado por las instituciones europeas debido a su deriva autoritaria. Tras conocerse el resultado de la votación, Fidesz cumplió su amenaza y abandonó el grupo parlamentario. «No dejaremos que nuestros eurodiputados sean silenciados o limitados en su capacidad para representar a nuestros votantes», criticó la ministra de Familia húngara y la vicepresidenta del partido, Katalin Novák.
Antes de que viese la luz este cambio, el primer ministro ya había anunciado sus intenciones de descolgarse del grupo parlamentario motu proprio. Con el ánimo de presionar, el político húngaro envió este pasado domingo una carta a Manfred Weber, el jefe de filas de la formación, en la que amenaza con irse dando un portazo y sin propósito de enmienda. Para que no hubiese dudas de sus intenciones, Novák, había sido la encargada divulgar esta misiva de carácter interno. Vía Twitter, Novák había publicado esta carta a la vez que acusaba a los miembros del grupo político de cambiar las normas en prejuicio de su formación, ya que hasta el momento no había una mayoría suficiente para expulsar a los 12 miembros del partido conservador húngaro. «Si se aprueba la propuesta, el Fidesz abandonará el grupo», rezaba el texto. La propuesta de cambio consiste en que los partidos del grupo parlamentario puedan ser expulsados con una votación de mayoría simple, en caso de que los socios ya hayan sido suspendidos con anterioridad, tal y como sucede con la formación húngara. En marzo de 2019, el Partido Popular Europeo decidió congelar la membresía de Fidesz después de que Orban emprendiera una campaña personal en contra del entonces presidente del Ejecutivo Comunitario, Jean Claude Juncker, también perteneciente a la familia conservadora. El primer ministro húngaro publicó una serie de carteles en los que acusaba al ex presidente de la Comisión Europea de favorecer la inmigración masiva, en alianza con el magnate húngaro y filántropo George Soros. Desde entonces, el partido de Orban no puede participar en las reuniones de la familia europea ni votar ninguna decisión. A pesar de este paso, el PPE ha evitado por el momento
El portazo de los doce eurodiputados de Fidesz no altera las mayorías de la Eurocámara y el PPE mantiene su poder
la expulsión de su miembro más díscolo y siempre ha preferido tener a Fidesz bajo control dentro de sus filas que como oponente en la misma bancada de partidos eurófobos. En todo caso, la salida de los doce miembros de este partido político no alteraría las mayorías del hemiciclo. El grupo de la familia popular seguiría siendo el más poderoso. Los populares cuentan ahora con 187 miembros, seguido de los socialistas con 145, de un total de 705 eurodiputados.
Este episodio es uno más en una escalada de tensiones que ha ido in crescendo en los últimos años. En septiembre de 2018, la Eurocámara votó a favor de activar el artículo 7, conocido en los pasillos europeos como el «botón nuclear», y que puede desembocar, en última instancia, en la pérdida del derecho de voto en el
Consejo. Para llegar a la última fase, se necesita la unanimidad de las cancillerías europeas. Una posibilidad que parece remota ya que también Polonia se enfrenta a la apertura de este procedimiento de infracción, por sus ataques a la independencia judicial, y las dos capitales se apoyan mutuamente. Ante la falta de progresos y, para superar este laberinto sin salida del artículo 7, Bruselas ha ideado un nuevo mecanismo que vincula el desembolso de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, incluidas las partidas del nuevo fondo de reconstrucción europeo para hacer frente a los estragos del coronavirus. Tanto Hungría como Polonia amagaron a finales del año pasado con bloquear el desembolso de los fondos europeos. Tan sólo levantaron su veto cuando el resto de las capitales se comprometieron a concederles una especie de «freno de emergencia» en su aplicación. Tras este compromiso, cualquier país europeo podrá retrasar la puesta en marcha de este mecanismo y acudir al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su legalidad. Como modo de superar diferencias y de no estigmatizar a los países ya expedientados, la Comisión presentó el pasado mes de septiembre un nuevo instrumento que analiza de manera anual el respeto al Estado de Derecho en todos los países, en aspectos como la independencia judicial respecto al poder político o la libertad de prensa. A pesar de este intento, la dureza del informe respecto a su país también enfureció a Orban.