Ámsterdam arrebata a la City el título de capital financiera europea
La ciudad holandesa mueve 9.200 millones de euros en acciones al día tras el Brexit
Con el Brexit, una de las grandes preguntas que se plantearon fue cuál sería el destino que arrebataría el título histórico a la City de Londres como capital financiera de Europa. Las oficinas a orillas del Támesis han sido durante más de cuarenta años el punto neurálgico para las operaciones. Pero una vez que Reino Unido ha salido del bloque, las cosas cambian. Se barajaron los nombres de París y Fráncfort. Pero finalmente ha sido Ámsterdam la gran beneficiada. Gracias al trasvase de negocio promovido por el divorcio, Euronext Amsterdam y las ramas holandesas de las plataformas CBOE Europe y Turquoise movieron acciones en el mes de enero por una media diaria de 9.200 millones de euros, cuatro veces más que en diciembre, mientras que los volúmenes de la capital británica cayeron hasta 8.600 millones de euros.
Ámsterdam se ha beneficiado, además, de un incremento de la actividad en los mercados de permutas y de deuda soberana, que normalmente hubieran estado centralizados en las oficinas de Londres. Y el aeropuerto de Schiphol (localizado también en la capital holandesa) ha superado también al aeródromo londinense de Heathrow como gran hub europeo.
Los expertos consultados por LA RAZÓN advierten de que «aún es pronto para sacar conclusiones». Las consecuencias económicas del divorcio «no se verán aún hasta medio plazo» y los tiempos de pandemia, que obligaron a Reino Unido a cerrar las fronteras en diciembre por la nueva variante, crean además una «situación tremendamente excepcional». Con todo, Países Bajos no deja de ser un destino atractivo, por su proximidad, su regulación laxa en inglés y la unión de Euronex Amsterdam con París y Lisboa, entre otras.
El sector servicios en general representa el 80% del Producto Interior Bruto (PIB) británico. Y, en concreto, los servicios financieros suponen el 7 % del PIB. Sin embargo, quedaron fuera de las negociaciones comerciales entre Londres y Bruselas que finalizaron con el acuerdo «in extremis» de la pasada Nochebuena Downing Street siempre descartó cualquier pacto que otorgara a los pescadores comunitarios acceso a las aguas británicas a cambio de mejores condiciones para la City. A pesar de que la pesca tan solo representa el 0,12% de la economía británica, su importancia política era totémica para la causa euroescéptica.
Por lo tanto, desde el 1 de enero, las instituciones financieras con sede en Reino Unido han perdido el acceso automático al mercado único. Solo podrán prestar sus servicios en la UE, sin tener que abrir sucursales en uno de sus Estados miembros, si la Comisión Europea decide, de manera unilateral, otorgarles los derechos de equivalencia, es decir, reconocer que la legislación británica del área en la que trabajen es «equivalente» a la comunitaria. Pero, a día de hoy, no parece que Bruselas tenga demasiada prisa por tomar una decisión.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha señalado esta semana que Reino Unido se resistirá «muy firmemente» ante cualquier intento de la UE por llevarse parte del lucrativo negocio del mercado de derivados en euros de la City.
Durante su comparecencia ante el Comité de Tesorería de la Cámara de los Comunes, explicó que si Bruselas trata de presionar a las firmas para trasladar su actividad fuera de Londres, se interpretará como un movimiento «altamente controvertido» y, en determinados casos, de «dudosa legalidad».
Asimismo, Bailey recalcó que Londres se opondrá a cualquier escenario que le obligue a seguir automáticamente las regulaciones comunitarias. A su parecer, esa solución sería «poco realista y peligrosa» para Reino Unido.
En definitiva, pese a que el Brexit se ha materializado ya en la práctica, aún quedan flecos importantes por resolver. Aparte de la City, está también la compleja cuestión del Protocolo de Irlanda. Para evitar una frontera dura con la República de Irlanda que pusiera en peligro el Acuerdo de Paz entre católicos y protestantes, se decidió dejar a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y alineado con el mercado único comunitario. Eso está creado tremendos problemas burocráticos y tensiones políticas en Belfast. Downing Street ha solicitado que se congelen durante dos años algunas de las condiciones, para las que se pactaron moratorias que caducan entre marzo y junio. Pero Bruselas, de momento, no acepta la propuesta.
Es ahora, por tanto, cuando los británicos están siendo conscientes de todo lo que implica el histórico divorcio. Los distribuidores, por ejemplo, acaban de entender que la exención de aranceles por el acuerdo comercial cerrado en Nochebuena solo se aplica a los productos originarios, es decir, los que son producidos (o al menos transformados) en Reino Unido o en la UE, por lo que los consumidores están viendo ahora cómo se incrementa el coste de las compras que realizan a través de internet.
Por su parte, los músicos británicos que quieran ahora realizar giras por Europa van a necesitar un visado por cada país. Tan solo quedan exentos de ese trámite una pequeña lista, como ferias comerciales. Bruselas ofreció en su día a Londres la posibilidad de incluir a los músicos, pero Downing Street se negó porque aquello le obligaba a la reciprocidad. La soberanía estaba por encima de todo. Ahora la tienen, pero ligada a un coste con el que quizá muchos ciudadanos no eran plenamente conscientes.
Los servicios financieros, el 7% del PIB británico, fue excluido del acuerdo de salida entre Reino Unido y los Veintisiete