Las euroordenes contra Puigdemont se activarán desde hoy
La decisión de los morados llega días antes de la formación de la Mesa del Parlament
Si el Parlamento levanta la inmunidad, seguirá siendo eurodiputado pero se reanudará la solicitud de euroorden
La batalla sobre la entrega del expresident Carles Puigdemont a la justicia española continúa y la próxima estación parece ser el Tribunal de Justicia de la UE. Ayer el pleno del Parlamento Europeo votó la petición de suplicatorio realizada por las autoridades españolas con el objetivo de levantar la inmunidad parlamentaria del político independentista –así como de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí– pero habrá que esperar hasta hoy por la mañana para conocer el resultado.
Aunque cada voto de los 705 eurodiputados cuenta, todo indica que los números se inclinan en contra de los políticos independentistas. Populares, socialistas y liberales de Renew Europe votarán a favor de levantamiento de la inmunidad así como el grueso del grupo de los conservadores y reformistas, fuerza en la que se encuadra tanto Vox como los independentistas flamencos defensores de Puigdemont.
En el otro lado de la balanza, los Verdes y el grupo de Izquierda Unitaria, fuerza al que pertenece Podemos, votará en contra. «Siempre hemos defendido que el conflicto político en Cataluña debe resolverse por vías políticas y mediante el diálogo. Quienes se empeñan en judicializar esta situación sólo quieren hacer más difícil su solución para sacar algún rédito electoral. Nosotras seguiremos defendiendo la mesa de diálogo, que el Congreso pidió reactivar en febrero, y no echaremos más gasolina al fuego», aseguró la formación en un comunicado para explicar el sentido de su voto. Si el pleno Parlamento Europeo acaba votando a favor del levantamiento de la inmunidad, Puigdemont seguiría siendo eurodiputado, pero se reanudaría la solicitud de euroorden realizada por las autoridades españolas a la justicia belga. El ex presidente tan sólo perdería su escaño, si la entrega acaba realizándose. En este escenario, los políticos independentistas se guardan un as en la manga y están dispuestos a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE para que imponga medidas cautelares y no vuelta a tramitarse la euroorden. La corte europea ya se pronunció a favor de los eurodiputados cuándo amparó su derecho a ocupar su escaño tras haber sido elegidos en las elecciones europeas de 2019.
Ningún apoyo es gratis, y menos
en política. No es casualidad que los comunes decidan el voto contrario que su socio de coalición en el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont coincidiendo con el reparto de sillas en la Mesa del Parlament que tiene que formarme antes del próximo viernes. De momento, y de los siete puestos a repartir en el Parlament –una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarias–, ERC, PSC y Junts tendrán dos miembros cada uno, y el séptimo estaría en alza. Pese a que en las últimos días se ha rumoreado con la posibilidad de que la CUP entre por primera vez en la mesa, las posibilidades de que los antisistema ocupen un puesto se desvanecen a medida que crecen las voces en contra, especialmente del sector económico, que ven en su presencia una amenaza para la inestable estabilidad en Cataluña.
De hecho, el control del órgano de gestión de la Cámara catalana es uno de los escollos para formar gobierno. Con un resultado tan ajustado, PSC (33 diputados), ERC (33), Junts (32), Vox (11), CUP (9) y Podemos (8), en un principio los comunes estarían fuera. Sin embargo, el pacto de las cinco principales formaciones PSC, ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem –que suman 115 de los 135 escaños del hemiciclo– para aislar el discurso de Vox y minimizar su impacto en la nueva legislatura que incluye el veto de la formación en la Mesa. Y es ahí, donde las opciones de los comunes para entrar en la Mesa del Parlament aumentan. Con la decisión de ayer, Podemos se garantiza que Junts le tenga presente en deliberaciones en las votaciones para la Mesa del Parlament. Por otro lado, con ERC y PSC, los favores ya los tiene asegurados porque se necesitan en el Congreso de los Diputados y en Ayuntamiento de Barcelona.