El juez investigará a la ministra por el «caso niñera»
Escalonilla también quiere esclarecer si Iglesias se quedó con costas procesales
El juez del «caso Neurona» pone bajo la lupa a vicepresidente Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Juan José Escalonilla ha decidido investigar, por un lado, si Montero utilizó «a una persona a sueldo del partido (actualmente asesora en el ministerio) como cuidadora de sus hijos» y, por otro, si Pablo Iglesias se quedó de forma indebida con las costas procesales de un juicio celebrado en Pamplona en 2016.
El instructor rechaza así el recurso de Podemos, que pidió que Escalonilla no tuviera en cuenta la documentación aportada por la ex abogada de la formación morada Mónica Carmona, que fue quien puso estos hechos en su conocimiento.
En su resolución, el magistrado acuerda investigar los hechos, aunque no en piezas separadas como le pidió la Fiscalía, sino en procedimientos independientes en los que además de Iglesias y Montero están en el punto de mira las donaciones efectuadas por Podemos al Instituto 25-M, la fundación del partido, y la contribución efectuada por ésta a la Escuela Popular Paulo Freire.
Respecto al vicepresidente del Gobierno, el juez pretende esclarecer si Iglesias cobró las costas procesales de un juicio en Pamplona en 2016 en el que fue defendido por Marta Flor, letrada de la formación (que ya cobra del partido, por lo que no había que abonarle sus honorarios aunque se condenara a la parte contraria a abonar las costas de defensa de Iglesias).
Se trata de la demanda de protección
El instructor indagará en las donaciones de Podemos al Instituto 25-M tras la denuncia de su ex abogada Carmona
de derecho al honor que interpuso Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra él y que perdió la formación política, siendo condenada al pago de las costas, más de 7.000 euros, por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona. Pero dado que el partido se hacía cargo de los honorarios de la letrada y de la procuradora, el juez quiere comprobar quién se quedó ese dinero.
Carmona denunció a Escalonilla que su investigación respecto al supuesto cobro de esas costas por dirigentes del partido se centró en el «tratamiento contable y fiscal» de las mismas. «Lo lógico era que las costas las cobrara el partido, pero esta solución planteaba varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias», detalló.
En su resolución, el magistrado asegura que aunque algunos de los documentos aportados por Carmona «no se corresponden con los hechos objeto de investigación», al tratarse de hechos novedosos «que podrían ser constitutivos de delito, no cabe abstraerse de su denuncia devolviendo dichos expedientes» a la testigo, por lo que considera que procede su investigación.
Para el instructor, abrir una pieza separada como pretendía el Ministerio Público «podría conllevar la dilación en la tramitación del presente procedimiento» sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.