EE UU reabre la herida de Floyd
El juicio contra el ex agente de policía, Derek Chauvin, acusado de matar a George Floyd reaviva las protestas raciales en Mineápolis. El magistrado estudia añadir el cargo de asesinato en tercer grado
Casi un año más tarde Minneapolis y Estados Unidos estaban listos para arrancar el juicio contra el ex agente de policía Derek Chauvin, principal acusado en la muerte de George Floyd, el ciudadano de raza negra convertido ya en tótem de las mayores protestas protestas raciales a nivel nacional del último cuarto de siglo. Ayer lunes comenzó la ronda para asegurar los testigos. Una cuestión capital y sumamente complicada, dada la dificultad para encontrar a un grupo de ciudadanos que no parezca llegar al juicio lastrado por el bombardeo mediático. De momento el juez, Peter Cahill, ha resuleto aplazar el proceso durante al menos 24 horas, a fin de que pueda decidirse sobre la posibilidad de reintroducir entre el pliego de cargos el de asesinato en tercer grado. El Tribunal Supremo del Estado debe decidir sobre la apelación presentada por la defensa de Chauvin y la petición realizada por la fiscalía. La medida acordada por Cahill llegó mientras cientos de personas se manifestaban delante de la audiencia de Minneapolis, en un clima de brutal polarización y acusaciones de racismo contra los cuerpos policiales. En opinión de la acusación el juez carece de potestad en el caso en tanto en cuanto no quede claro si
El proceso judicial tocará asuntos espinosos como el racismo en los cuerpos policiales o el abuso del uso de la fuerza
el ex policía puede ser enjuciado por asesinato en tercer grado, tal y como ya solicitó la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Minnesota, que conminaba a Cahill a reinstaurar el cargo. En estos momentos Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Como explica la cadena local asociada a la CBS, la petición de los fiscales y de los jueces de apelaciones es «consistente con el precedente establecido en el caso de Mohamed Noor, ex oficial de policía de Minneapolis, condenado por asesinato en tercer grado por la muerte a tiros de Justine Ruszczyk Damond». Teóricamente el juicio debe de estar listo para que el próximo 29 de marzo la acusación y la defensa presenten sus alegatos iniciales.
Todo el país permanecerá colgado de un juicio y un caso que marca la agenda política desde hace meses. El pasado 25 de mayo de 2020 el agente Chauvin detuvo a George Floyd en la puerta de un comercio. Durante más de 8 minutos, a pesar de los gritos de angustia del detenido, el policía mantuvo su rodilla en la garganta de un Floyd indefenso. El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, ya comentó entonces que los agentes habían usado abusado de sus poderes y de que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello del detenido incluso después de que este perdiera el conocimiento. Veterano de la policía de Minneapolis, Chauvin era un agente con un currículum turbulento. Lo adornan varias broncas de sus superiores y no menos de tres tiroteos, con el resultado de un muerto. Antes de ser despedido y detenido llevaba dos décadas trabajando en el cuerpo. La fiscalía entiende que «Derek Michael Chauvin causó la muerte de George Floyd al perpetrar un acto eminentemente peligroso para los otros y mostrando una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana». También que se le considera «culpable de negligencia, creando un riesgo irracional y arriesgándose a causar la muerte o un gran daño físico a George Floyd». Sus abogados intentarán demostrar que el finado había consumido drogas y que no habría muerto si además no hubiera sufrido de dolencias coronarias.
La muerte terrible de Floyd, la desazón por una noticia que parece repetirse demasiado a menudo, puso en pié a millones de personas, provocó una oleada de manifestaciones y disturbios y a punto estuvo de cruzarse en el camino de Joe Biden hacia la Casa Blanca. La furia de algunas protestas, las imágenes de comercios en llamas, policías apabullados y saqueos asustó a muchos votantes moderados. Nada, por cierto, que no hubiera sucedido en otros momentos de la historia, por ejemplo en vísperas de las elecciones que auparon a la presidencia a Richard Nixon. Entonces como ahora muchos votantes temían la deriva antisistema del ala izquierda del Partido Demócrata. Una parte considerable de la opinión pública enfilaba los comicios del 3 de noviembre horrorizada por los llamamientos de los más radicales, no siempre ajenos al partido ni extranjeros del mainstream político, para que el gobierno federal, los estados y las ciudades recorten o anulen la financiación de los miles de cuerpos policiales. En aquellos días, inmersos también en la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, arreciaba el debate sobre el proceder de los agentes, las denuncias por violencia y la evidencia de que en Estados Unidos las fuerzas de orden público acostumbran a estar implicadas en muchísimos más incidentes que sus colegas de otros países homologables por nivel de desarrollo y fortaleza de las instituciones democráticos. Dio igual que las evidencias científicas disponibles no sustancian los juicios más severos respecto al hipotético racismo. Tampoco estuvo bien visto debatir sobre cuestiones menos vistosas. Verbigracia los contratos y las cláusulas que los ayuntamientos firman con los distintos sindicatos policiales, que en muchas ocasiones impiden una investigación a fondo de las denuncias por violencia. O la abrumadora correlación que une violencia y pobreza, desigualdades y posibilidades de que los encuentros con la policía acaben de forma desgraciada. De alguna forma parecía que añadir matices a un problema multifactorial equivalía a faltarle al respeto a Floyd. Sus gritos de pánico, sus súplicas a unos agentes robotizados por la brutalidad o el miedo, ahogaron cualquier posibilidad de debate que intentara salirse de la pura visceralidad y el juicio sumarísimo. Ahora, apagado el ruido de los demagogos, llega el momento del único juicio que importa. De su resultado puede derivarse que Chauvin regrese a las calles o que contemple las próximas cuatro décadas tras las rejas.