El plan de rescate de 11.000 millones enfrenta a Podemos con Economía
Iglesias apuesta por más ayudas directas y por no dejar su control a las regiones
Las nuevas ayudas por importe de 11.000 millones de euros destinadas a rescatar a las pymes y a los autónomos más castigados por la pandemia del coronavirus se han convertido en un nuevo campo de batalla que enfrenta a los dirigentes de Unidas Podemos con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos del Ejecutivo. Nadia Calviño ha elaborado un real decreto ley en el que se regula este nuevo rescate a las empresas, edificado sobre tres pilares. El primero, dirigido a la reestructuración de la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El segundo, orientado a la recapitalización con créditos participativos y deuda subordinada de pymes. Y, el tercero, destinado a ayudas directas a las pymes y a los autónomos que no accedan a las anteriores líneas de actuación.
Este último pilar y su articulación, precisamente, se han transformado en la manzana de la discordia entre los miembros de la formación morada y los del equipo de Calviño. La vicepresidenta baraja una cifra de ayudas directas cercanas a los 2.700 millones de euros. Esta cuantía es compabible, en su opinión, con la reestructuración de la deuda del ICO y la recapitalización de las pymes, medidas que considera prioritarias para evitar que la crisis económica mude en una financiera ante una ausencia de solución a los problemas detectados ya de solvencia.
Después de decidir los tres ejes de este plan, Calviño ha tenido que solucionar «la cuestión procedimental de cómo conseguir que las ayudas directas lleguen de forma eficaz a autónomos y empresas». En este sentido, ha optado por poner en manos de las comunidades autónomas las mismas para garantizar su eficiencia y que lleguen a las empresas más castigadas por la pandemia, con el fin de que este rescate garantice su supervivencia en la era postcovid. Estas ayudas directas estatales se sumarán a los 2.000 millones que las comunidades dedicarán también a ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la crisis.
Esta decisión, la de transferir a las autonomías estas ayudas, y la cuantía de las mismas, han desatado el malestar en las filas de Unidas Podemos, partidarias de que se eleven a 8.000 millones de euros y de que el control sea nacional y no se territorialice, según consta en un documento de recomendaciones al real decreto, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, liderada por Nacho Álvarez.
Esta cuestión de procedimiento es la que se debatía a última hora de la tarde de ayer y la que impedía que, a la hora del cierre de esta edición, aún no se hubiera decidido si el Consejo de Ministros en su reunión de hoy
Podemos propone elevar las ayudas directas a 8.000 millones, casi tres veces más que lo previsto por Calviño
daría o no luz verde al real decreto que regula este nuevo rescate a pymes y a autónomos.
En cualquier caso, tanto la cifra propuesta por la vicepresidenta económica como la defendida por Podemos se encuentra muy lejos de las estimaciones realizadas por el sector de la hostelería y de la restauración.
Solo la hostelería y el comercio solicitan al Gobierno desde hace semanas ayudas directas por un importe de 12.000 millones de euros. Mientras, el Partido Popular cuantifica las necesidades de los sectores económicos más azotados por la crisis económica en 50.000 millones, casi cinco veces más que los cálculos efectuados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en este nuevo paquete de rescate a las empresas.