Cruzada de los socios contra el castellano
Podemos apoya la iniciativa de Bildu e insta al Gobierno a obligar a los funcionarios a saber expresarse en catalán o en euskera
Ofensiva independentista contra el castellano en la Cámara Baja. Y con el aval de Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, que votó a favor de la proposición no de ley de Bildu y apoyada por PNV, Más País, Compromís y el BNG, Junts, PDeCAT y la CUP que tiene por objeto acabar con la «imposición legal del castellano» en España y reclamar extender el uso de las lenguas coficiales reconocidas a organismos oficiales como el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, entre otros. El objetivo es de reducir la presencia de la lengua oficial en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas coficiales para acabar con «las discriminaciones lingüísticas».
Nacionalistas e independentistas vuelven a situar así el castellano en el foco político, después de haber conseguido tras la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña. De esta manera, ahondan su estrategia rupturista contra el Estado al instar al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen
«del mismo reconocimiento» que el castellano, y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes», independientemente de su ubicación y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan. Llaman al Gobierno a «asumir la realidad plurilingüe» del país. Una propuesta que se seguirá trabajando tras aceptar Bildu la enmienda transaccional del PSOE, aunque previsiblemente será rechazada.
En el debate de la PNL, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua denunció que el 45% de la ciudadanía con lengua distinta al castellano ve «cada día como estos derechos nos son negados con el agravante de que el Estado incumple la declaración universal de derechos humanos y de derechos lingüísticos» y exigió que se cumplan los acuerdos para «respetar» los derechos. Cargó contra el estado por «no tomar decisiones de calado para asegurar los derechos lingüísticos» y recordó que si el Gobierno «defiende la plurinacionalidad como dice no debe ser solo humo».
Desde el PSOE rechazaron la iniciativa tras presentar enmiendas transaccionales y sostuvieron que las lenguas coficiales no pueden ser requisito para el acceso a la función pública y enmarcaron su no debido a la falta de seguridad jurídica de la propuesta. «No podemos aprobar algo que luego sabemos que acaba con sentencias judiciales que conducen a la nada», lamentaron. A juicio del diputado Marc Lamua Estañol su partido ha tratado de dar seguridad a la iniciativa pero los partidos proponentes piden «un salto mortal».
Desde el PP, la diputada Ana Belén Vázquez cargó contra Bildu por pretender que la lengua sea «un elemento de confrontación» y denunció que se pretende una «guerra lingüística». Criticó que es «absurdo» que pretendan obligar a hablar en lenguas coficiales en las instituciones porque no ayuda a la comunicación. Desde Cs criticaron que los independentistas «no están a favor de la libertad lingüística y vienen a atacar la lengua que nos hemos dado todos los españoles».
Desde el PNV negaron que el castellano estuviese discriminado, sino que sigue siendo «la lengua dominante» e hizo un llamamiento a la igualdad lingüística para «reparar lo dañado». Por Compromís, su diputado Joan Baldoví denunció que muchas veces se ha sentido «piel roja» cuando «un agente de la autoridad nos dice habléme en cristiano, en español». A su juicio, la democracia tiene «una deuda con los pieles rojas». Desde Unidas Podemos pidieron en el hemiciclo «aceptar que todas las lenguas del estado deben tener el mismo reconocimiento».
El PSOE rechaza la propuesta y los independentistas piden defender la pluralidad linguística