Ofensiva contra el Gobierno por la amnistía
ERC, JxCat y la CUP registran este martes una propuesta de Ley para la exención penal de 3.300 políticos y activistas
El Gobierno ha podido hasta ahora ir contemporizando con la carpeta del «procés»: ha conseguido ralentizar el desarrollo de la mesa de diálogo con la Generalitat y ha podido alargar el proceso para liberar a los presos independentistas –mediante indultos o mediante una reforma del Código Penal– y así evitar que coincidiera con las elecciones catalanas. Pero ese margen y, sobre todo, la paciencia del independentismo parece empezar a agotarse. Sobre todo en Esquerra, socio fundamental para esta legislatura del ejecutivo español, que ya ha empezado a dar evidentes señales de malestar que pueden traducirse poco a poco en distanciamiento. Y, en este marco, el Gobierno tendrá a partir del martes que afrontar una prueba de fuego con la proposición de Ley para la amnistía –promovida por Òmnium– que registrarán ERC, JxCat y CUP en el Congreso.
Con esta iniciativa legislativa, el independentismo pretende intensificar la presión sobre el Gobierno: de hecho, a modo de preámbulo, Òmnium, la entidad separatista presidida por Jordi Cuixart, ha organizado este fin de semana una recogida de firmas en más de 500 plazas de toda Cataluña con el fin de demostrar que hay un gran apoyo popular detrás de esta medida de gracia. El independentismo defiende una amnistía para los 3.300 políticos y activistas con causas judiciales abiertas para que queden eximidos de toda responsabilidad penal.
Entre las causas judiciales previstas en la Ley que quieren impulsar aparecen desde la sedición de los políticos independentistas hasta autores de desórdenes públicos por las protestas independentistas de los últimos años. En concreto, el texto especifica que la amnistía comprende las causas por rebelión y sedición, así como cualquier delito de orden público, y también delitos como los de prevaricación, falsedad, malversación o, desobediencia o revelación de secretos. Su alcance temporal sería hasta 2013, justo poco después de que se diera por iniciado el «procés» –siempre se ha fijado como fecha la Diada (11 de septiembre) de 2012–.
Lo cierto es que la presión sobre Pedro Sánchez aumentará por dos motivos. Primero, porque en esta iniciativa está implicada Esquerra, socio imprescindible para este legislatura. Segundo, porque también se verá interpelado Podemos y apretará aún más para acelerar las vías para liberar a los presos independentistas, lo que puede traducirse en mayores turbulencias dentro del ejecutivo español. El partido morado lleva meses liderando una propuesta de reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición y liberar a los presos del 1-O, pero está hallando resistencias y lentitud, que atribuye al PSOE.
Podemos es partidario de esta vía (reforma del Código Penal), pero también ha advertido que no descarta sumarse a la Ley de amnistía, aunque es consciente de que tiene poco recorrido en el Congreso. Y lo cierto es que la amnistía solo hallaría respaldo en las fuerzas nacionalistas (Esquerra, JxCat, CUP o EH Bildu), y está por ver Podemos, y se daría de bruces con el rechazo de la derecha española y del PSOE.
Más allá del escaso respaldo a la amnistía, se encuentra el hecho de que una Ley de estas características tampoco tendría encaje constitucional. El independentismo, en todo caso, acelera acelera el paso una vez superadas las elecciones catalanas y pone de nuevo encima de la mesa un tema espinoso para Sánchez en un momento delicado porque Cataluña se halla en pleno proceso de formación de gobierno y porque recientemente los presos han visto cómo volvían al segundo grado y el Parlamento Europeo ha infligido una derrota a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín al retirarles la inmunidad parlamentaria. En Esquerra ya empieza a crecer el malestar ya que pese a que nunca han confiado en los indultos, también observan cómo el trámite se está retrasando mucho más del plazo previsto.
La principal diferencia entre la amnistía y el indulto es, en esencia, que la primera exime de toda responsabilidad penal, mientras que el segundo estaría destinado solo a los nueve presos condenados (y puede afectar solo a la pena de cárcel y mantenerse la inhabilitación o ambas cosas).
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