La Audiencia ordena que se cierre ya el caso de la «caja B» del PP de Aguirre
No autoriza más pesquisas en la investigación que comenzó hace siete años
«Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la denominada pieza separada número 9» del «caso Púnica», en el que se investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.
De esta forma literal se expresan. en un auto del pasado 17 de febrero, los tres magistrados que componen el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha rechazado autorizar nuevas pesquisas que había reclamado la Fiscalía Anticorrupción, y que había desestimado el magistrado que investiga el procedimiento, Manuel García Castellón.
En concreto, el ministerio público había pedido en noviembre pasado al instructor que reclamara al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid diferentes contratos que ambas administraciones públicas había firmado con la tecnológica Indra Sistemas.
La Fiscalía justificó estas pesquisas, que fueron rechazadas por el magistrado, al considerar que la investigación realizada desde 2014 evidencia que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el ex cargo del Gobierno autonómico José Martínez Nicolás se sirvieron de la firma Indra Sistema SA «como instrumento de desvío de fondos públicos del presupuesto de la empresa ICM».
Anticorrupción basaba su conclusión, prosiguen los magistrados en su auto, en una declaración del investigado Silvano Corujo, celebrada el 14 de enero de 2020: «Que decidió colaborar con la Justicia, y no solo denunció las prácticas presuntamente ilícitas que se venían realizando desde la empresa ICM, utilizando para el trasvase de fondos entre otras sociedades a la mercantil Indra, sino que explicó en su declaración como esta empresa [Indra] habría sido beneficiada desde ICM en las adjudicaciones de los contratos para realizar el escrutinio provisional de los resultados y su difusión para las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid en los años 2007, 2011 y 2014», recuerda la resolución judicial.
Sin embargo, los magistrados confirman la decisión del juez de rechazar estas pesquisas, que según explican en la resolución, deberían tener lugar en el juicio: «Que es el espacio en el que las diligencias adquirirán, en su caso, la naturaleza de pruebas a realizar [...], y es allí dónde deberá solicitarse y discutirse todas las cuestiones atinentes a los repetidos contratos», concluyen los magistrados Ángela Murillo Bordallo, que es la presidenta y ponente
La Sala advierte que la investigación de la financiación ilegal del PP madrileño se inició hace ya siete años
del tribunal; Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero.
Precisamente, la semana pasada García Castellón citó a declarar como investigado al constructor Luis Gálvez, quien fue acusado por Luis Bárcenas de haber entregado en 2008 una donación de 60.000 euros para financiar el PP de Aguirre.
En su declaración del 24 de febrero como testigo , el ex tesorero del PP aseguró al instructor que el dueño de la constructora Ploder, Luis Gálvez, le había entregado a él y a su entonces jefe en la Tesorería del partido, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, un sobre con 60.000 euros para financiar una campaña autonómica de Esperanza Aguirre.
La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, que está imputada en este procedimiento, anunció su intención de interponer una querella contra Bárcenas por «falso testimonio». En el «caso Púnica» también permanece investigada la también ex presidenta del Gobierno regional madrileño Cristina Cifuentes.