Empresas y autonomías, en pie guerra por el acceso a las ayudas
Economía se abre a cambiar el decreto para incluir a sectores que han sido excluidos
«Tarde y mal». Esa es la sensación que tienen muchos autónomos y pymes tras conocer el plan de ayudas directas del Gobierno, que ha nacido con más polémicas que esperanzas, tras haber dejado fuera a algunas de las actividades más golpeadas por la pandemia. Formación no reglada, peluquerías, centros de estética, artesanos, centros de educación medioambiental, tiendas de souvenirs, jugueterías, talleres mecánicos, floristerías, bodegas... Un listado demasiado largo como para pasarlo por alto.
Por eso, la propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tuvo ayer que salir al paso para asegurar que «si hay que hacer algún ajuste, se hará», con lo que abrió la puerta a la posibilidad de ampliar e incorporar algunos de los sectores más dañados por la pandemia y que ahora se han quedado fuera. Según han confirmado a este diario fuentes de Economía, lo más probable es que el plan se tramite como proyecto de ley en el Congreso Congreso durante las próximas semanas, por lo que podrán incorporarse las actividades que han reclamado su inclusión, aunque no se ha puesto fecha. Podría ser incluso en el Consejo de Ministros de mañana, aunque las mismas fuentes apuntan a que sería demasiado prematuro.
Las asociaciones de autónomos han cargado tanto contra la decisión de dejar fuera a tantas actividades como por los requisitos que se exigen para acceder a estos fondos. Calviño ha vuelto a advertir de que este plan no tendrá carta blanca para todos y que solo tendrían acceso a él «empresas viables». La prioridad es «que no se darán ayudas a empresas que ya estaban en mala situación en 2019» y sí se apoyará a aquellas en dificultades por la pandemia. Para evaluar su viabilidad se comprobarán las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y el resto de información fiscal.
Desde Cepyme advierten de que podrían quedarse fuera empresas viables que en el año 2019 presentaron pérdidas y ahora ya no tienen números rojos. Su presidente, Gerardo Cuerva, recuerda que el texto aprobado estipula que «la empresa debe asumir, mínimo, el primer tercio de sus pérdidas, que es la parte no reembolsable. A partir de ahí, no se sabe cuántas pérdidas se compensarán. Por un lado, esto deja a muchas empresas fuera, a las que se suman las que trabajan con unos márgenes muy ajustados y pueden afrontar un nivel de pérdidas muy reducido».
Los autónomos habían reclamado no establecer mecanismos de análisis financiero para poder acceder a las ayudas y no exigir estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social. Muchas empresas han visto reducidos sus ingresos a casi cero, lo que ha condicionado el retraso en el pago de sus facturas y en el abono de sus obligaciones con el Estado. Desde ATA reclaman que «cumplan con su palabra de no dejar atrás a nadie» y tengan sensibilidad con estos negocios que podrían tener una solución con la concesión de aplazamientos para ponerse al día y tener acceso a las ayudas. «Solo pedimos que no haya discriminación y que las ayudas lleguen a todos», recordó Lorenzo Amor.
Desde UPTA detectan otra laguna en el decreto, ya que «si los autónomos que han contraído deudas bancarias a través de avales del ICO no pueden ahora reestructurar su deuda, les estaremos condenando a un inevitable cierre total», denunció su presidente Eduardo Abad. Entiende que es una contradicción que a los autónomos se les permita endeudarse con préstamos con garantía del Estado y «ahora se les prohíba poder solicitar las ayudas directas. No tiene sentido».
Por otro lado, el real decreto establece la selección de actividades protegidas en base a los ERTE y al CNAE, otro de los puntos más criticados por las asociaciones de autónomos, ya que miles de negocios y varios sectores gestionados mayoritariamente por este colectivo que no tienen trabajadores en ERTE se han quedado fuera. «Las medidas tienen que ser universales», defienden.
Tampoco las comunidades se sienten satisfechas ante los plazos que tendrán que afrontar y las cuantías de los fondos. Máxime cuando el decreto estipula que si no consiguen distribuir el dinero transferido antes de que acabe el año tendrán que «reembolsarlo de nuevo al Ministerio de Hacienda». Los gobiernos regionales del PP han mostrado muchas dudas sobre los plazos con un tiempo tan reducido, máxime cuando la transferencia de los fondos se retrasará por lo menos 40 días. También debe tenerse en cuenta que Hacienda debe facilitar las certificaciones de las caídas de ingresos de las empresas usando los ingresos por IVA, algo que no estará listo por lo menos hasta mayo.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, pidió al Gobierno que «distribuya de una vez las ayudas. Nuestro tejido productivo asiste perplejo a que, después de 17 días que han tardado en sacar un decreto, ahora les dicen que esperen otros 40 días para que sepan si van a poder optar o no a las ayudas».
Pero por mucha prisa que se den las comunidades, apenas dispondrán de nueve meses para certificar las concesiones de este dinero. El presidente andaluz, Juanma Moreno, también ha criticado «la tardanza y que repartan los fondos a su antojo».