La Fiscalía investiga a Colau por irregularidades en la concesión de subvenciones
El Ministerio Público estudia una denuncia contra la alcaldesa de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación y fraude
El grupo Abogados Catalanes por la Constitución ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del Consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales.
La denuncia le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Además de en Colau, la denuncia recae en la ex concejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura
Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades.
El escrito recoge la concesión de subvenciones extraordinarias que, al parecer de los denunciantes, «son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria», y que presuntamente presuntamente se usaron para esquivar una licitación abierta o un concurso para concederlas.
Presuntamente «se trata de una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública» justificándolo como una subvención excepcional, según la denuncia.
«Solo cabe interpretarlo, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva de otras entidades y la libre licitación», lo que, en palabras de los denunciantes, sería presuntamente una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho Colau como alcaldesa.
Abogados Catalanes por la Constitución señala que podrían ser precisamente estos lazos los que han podido motivar la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido, por diferentes conceptos, subvenciones por valor de 3.433.621 euros, correspondiendo 1.201.892,66 euros, al Observatorio DESC, y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras.
La última subvención, por un importe de 324.600 euros, fue concedida recientemente de manera «excepcional», mediante una aparente «designación directa», amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal. Estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias, por lo que se solicita que se investiguen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La concesión de las subvenciones ha sido objetada por el interventor municipal, en términos de que se han producido mediante procedimientos de excepcionalidad a pesar de su habitualidad y recurrencia, cuando legalmente para poder optar por este cauce de concesión, debe acreditarse la dificultad de convocatoria pública o el que existan razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario que desaconsejen dicha convocatoria pública, que «es garantía de libre licitación, transparencia y pública concurrencia competitiva».
La denuncia identifica «patrones, presuntamente delictivos, prolongados en el tiempo, y de los que puede inferirse la presunta vía irregular de financiación de una fuerza política al margen de la normativa estatal sobre financiación de partidos políticos», y establece los vínculos existentes entre personas que ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y en entidades perceptoras de subvenciones municipales otorgadas por dicho Ayuntamiento que forman parte de la red de asociaciones vinculadas al proyecto político de En Comú Podem.
Manuel Miro, portavoz de la asociación considera que «es destacable que Colau trabajó para DESC como coordinadora en materia de vivienda desde 2007 hasta semanas antes de llegar a la alcaldía».
La última subvención, por un importe de 324.600 euros, fue concedida recientemente de manera «excepcional»