Electoralismo desde la sala de prensa de Moncloa
La portavoz del Gobierno arremete contra Ayuso
No es una novedad que el Gobierno tiene problemas para discriminar el ámbito institucional del ámbito de partido cuando se convocan elecciones. Son reincidentes. La Junta Electoral Central (JEC) ha multado en varias ocasiones a miembros del Ejecutivo por utilizar en campaña y para sus intereses partidistas el altavoz institucional que les proporciona el Consejo de Ministros. El último ha sido Pablo Iglesias, que utilizó su despacho en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para lanzar el anuncio de su candidatura a la Comunidad de Madrid.
Pero no ha sido el único, el propio Pedro Sánchez tuvo que pagar una cuantía simbólica de 500 euros por protagonizar una entrevista en La Sexta como candidato en 2019 desde las dependencias el Palacio de La Moncloa. También el ministro el Interior, Fernando Grande Marlaska, utilizó utilizó recientemente la cuenta de Twitter oficial del ministerio para felicitar y desear acierto a Salvador Illa cuando dio el salto a la política catalana y la anterior portavoz gubernamental, Isabel Celaá fue apercibida con la JEC por realizar soflamas electoralistas en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Una estela que siguió ayer su predecesora María Jesús Montero.
Desde ese mismo foro, la también ministra de Hacienda abogó por que «las urnas de Madrid alumbren un gobierno progresista» el próximo 4 de mayo, un «gobierno dedicado al combate del virus» y que permita «remar todos en la misma dirección». Un reproche velado a la actitud obstruccionista que consideran que ha mantenido durante estos meses la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia.
No ha sido el único mensaje dirigido a Isabel Díaz Ayuso, a
Montero aboga por que «las urnas de Madrid alumbren un gobierno progresista» el próximo 4 de mayo
Criticó que la presidenta de Madrid ha promovido una «convocatoria gratuita» por «intereses electorales»
quien desde Moncloa se acusó directamente de promover una «convocatoria electoral gratuita» por «intereses partidistas y electoralistas» en un contexto de crisis sanitaria. Cuestionada sobre el agravio comparativo que supone esta apreciación con otros comicios que se han celebrado durante el estado de alarma y que, en el caso de Cataluña, desde el Gobierno urgieron a celebrar «cuanto antes», la portavoz sostuvo que nada tiene que ver con otros convocatorias como las que se celebraron en pandemia en Cataluña, País Vasco y Galicia, porque «tocaban» o se vieron forzadas por las circunstancias judiciales.
Montero valoró que son situaciones «radicalmente distintas» y que «en nada se parecen», porque Ayuso presumía días antes de tener «un gobierno que cooperaba, unido y estable y no había ningún elemento que provocara una crisis de gobierno». Esto en contraposición con la inhabilitación de Quim Torra en Cataluña o al aplazamiento electoral que se produjo en País Vasco y Galicia. Además, en Moncloa reconocen contrariados que cualquier convocatoria electoral supone un freno para desplegar grandes acuerdo o la agenda gubernamental.
El «dejá vu» catalán
Parte de esa agenda es la «agenda catalana». Tal como publicaba ayer este diario, Moncloa ha congelado la mesa de diálogo con Cataluña hasta que pasen los comicios en Madrid para evitar que los gestos a ERC perjudiquen el giro al centro de la campaña de Ángel Gabilondo. No obstante, en el Gobierno confirman su compromiso con el reencuentro en Cataluña, que pasa por el diálogo, y animan al nuevo Govern que pueda salir de las negociaciones para la investidura de Pere Aragonés a que «dejen atrás las cuestiones que no han alumbrado nada bueno». Y dicen esto porque en el acuerdo de ERC y la CUP se vuelve a apostar por la vía unilateral. La portavoz de Moncloa pidió ayer a los responsables políticos catalanes que «no generen expectativas que sean posibles» y recordó que todo debe desarrollarse en los «límites de la ley». Montero dijo sentir un «dejá vu» respecto a épocas pasadas y advirtió a los futuros gobernantes de Cataluña que deben centrarse en asumir los grandes retos que demanda la ciudadanía después de la crisis sanitaria.