Centros de detención de menores en Texas
Las primeras imágenes de niños hacinados en celdas abochornan a la Administración demócrata, que prometía acabar con las políticas migratorias de los republicanos
La frontera con México no deja de provocar dolores de cabeza en Washington. La última polémica llega de la mano del congresista demócrata Henry Cuellar, que ha publicado una serie de fotografías de los menores retenidos en centros de detención. Son unas imágenes devastadoras, de celdas abarrotadas, que golpean uno de los relatos esenciales del nuevo Gobierno. Joe Biden ha denunciado repetidamente el tratamiento que el anterior Ejecutivo brindó a los indocumentados y muy especialmente a los menores no acompañados. Biden explicó que las celdas del centro en Donna (Texas) están saturadas y ha exhortado a «evitar que los niños y las familias realicen la peligrosa travesía por México para llegar a EE UU».
Sus palabras llegan en el mismo día en que la CNN anunciaba que la patrulla fronteriza ha detenido a más de 11.000 niños durante el último mes. Una cantidad que no deja de crecer semana a semana, pues en febrero ya apresó a 9.300 menores, mientras que en enero fueron 5.600. La cadena recuerda que el país está reviviendo las cifras de la mayor crisis migratoria con menores, cuando en mayo de 2019 fueron apresados 11.400 niños.
Todo esto llega después de que el público haya conocido que el número de personas que tratan de llegar a Estados Unidos está en cifras récord y aumenten en intensidad el coro de quienes acusan al Gobierno de propiciar una suerte de efecto llamada. Algo siempre discutible, por cuanto no dejan de ser corazonadas, pero que desde luego mantiene en vilo a los activistas y senadores más implicados en la defensa de los inmigrantes. Temen que la Casa Blanca olvide sus mejores provida mesas y que desista de sacar adelante una reforma migratoria que debiera servir para garantizar que tengan papeles de residencia los «dreamers» y los trabajadores trabajadores del sector agrícola. Lo primeros, niños y jóvenes sin nacionalidad estadounidense, llegaron a EE UU acompañando a sus padres y han vivido casi toda su en EE UU. Suman más de dos millones de personas, por otros tres millones en la agricultura.
A las fotos en la frontera y a la estampa de niños hacinados en centros de detención mal dotados, deben añadirse las suspicacias que crea el haber mantenido vigente la Orden Ejecutiva número 42, dictada por Trump en 2020 y justificada por la emergencia sanitaria. Permite que los oficiales en la frontera puedan rechazar las peticiones de asilo. Tal y como explicó una investigación de «Los Angeles Times», la orden 42 ha permitido expulsar a más de 650.000 personas en apenas un año. Encontrar protección se antoja quimérico y entre los expulsados figuran 16.000 menores no acompañados.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas., reaccionaba el pasado fin de semana con un comunicado donde asegura que el Gobierno trabaja «con los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Justicia y Estado no solo para abordar la situación actual en nuestra frontera suroeste, sino también para instituir soluciones a largo plazo para la migración irregular».