Anticorrupción pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato
Le acusa de haber defaudado al fisco 8,5 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, penas que suman 70 años de prisión dentro de la causa donde se investiga su patrimonio, del que buena parte estaría fuera de España. El Ministerio Público le imputa un total de once delitos fiscales además de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental. Los delitos fiscales vendrían derivados de que Rato habría defraudado a la Hacienda Pública un total de 8.586.121,67 euros entre los años 2005 y 2015. En concreto, por los once delitos fiscales reclama 53 años de prisión, otros seis años por el de blanqueo de capitales, cuatro por el de insolvencia punible y tres años más de prisión por el delito de falsedad.
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Anticorrupción sostiene que Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española «a través de diversas sociedades», una de ellas irlandesa, dos panameñas y otra británica, mediante las cuales «habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido «hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015».
Por otro lado, Anticorrupción señala que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal, pero ocultando datos sobre sus sociedades y patrimonios. Así, declaró un patrimonio fuera de España de 15,3 millones de euros, por los que pagó a la Hacienda española 11,5 millones de euros. Sin embargo, el fiscal entiende que ese mecanismo no fue más que una estrategia para mantener oculto el verdadero patrimonio que tenía en el exterior: «Lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente», utilizó la amnistía fiscal que se había aprobado «como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».
Además, alude a que Rato habría percibido comisiones por cuatro contratos de publicidad cuando era presidente de Caja Madrid-Bankia, entre enero de 2010 y mayo de 2012; contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con dos agencias relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad. Tales comisiones se canalizaron desde una sociedad interpuesta, propiedad del acusado Alberto Portuondo, «quien además había sido contratado como asesor en Bankia»,