Iglesias intenta reactivar el caso de las «cloacas» tras su candidatura
El juez esperará a recibir un informe policial para decidir si revitaliza la causa
La acusación particular que ejerce en el «caso Villarejo» Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias, ha decidido reactivar el denominado «caso Dina» para impulsar la lucha contra lo que la formación morada denomina «cloacas del Estado». Y lo ha hecho justo dos días después de que Iglesias hiciera pública su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid con un escrito en el que la abogada Marta Flor Núñez reclama al juez Manuel García Castellón que cite a declarar como testigos al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; al agente José Ángel Fuentes Gago; al detective privado Julián Peribáñez, así como a tres periodistas, según consta en el documento dirigido al juez que instruye el «caso Dina».
De acceder Manuel García Castellón a las pretensiones de esta dirigente de Podemos, la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo podrían coincidir, a semejanza de lo que ocurrió en la campaña electoral de las generales de 28 de abril de 2019, con toda una serie de pesquisas ordenadas contra integrantes de la cúpula policial del Partido Popular.
Iglesias fue llamado a declarar como perjudicado en marzo de 2019, un mes antes de que se celebraran los comicios. También fue imputado el hasta entonces secretario de Comunicación del Gobierno socialista, Alberto Pozas, que tras ser dimitir de su puesto dijo, de forma literal: «Estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente, y eso no lo puedo permitir. Con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada».
El propio García Castellón, en la exposición razonada en la que reclamaba la imputación de Iglesias al Tribunal Supremo, aseguró que el dirigente de Podemos fingió «ante la opinión pública y ante su electorado» haber sido víctima de un hecho «que sabía inexistente pocas semanas antes de unas elecciones generales».
Las fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que García Castellón habría decidido esperar a que la Policía Científica le entregue el informe sobre la tarjeta de memoria de Bousselham para tomar cualquier decisión.
El juez dio permiso a los agentes para que analicen la tarjeta de Bousselham aunque se destruya en el intento. En un auto reciente el instructor destacó que el estudio de la tarjeta es «clave» para esclarecer los hechos objeto de investigación.
Por su parte, la representante legal de la ex asesora de Iglesias también ha reclamado al juez que pida a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que entregue una copia de los informes policiales o notas informativas elaboradas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relacionados con la investigación a Podemos y a sus miembros.
En el mismo sentido, la abogada de Bousselham solicita al juez que entregue a las partes personadas en el «caso Dina» las agendas que le fueron requisadas al considerado por la Fiscalía Anticorrupción como presunto cabecilla del clan policial mafioso, en la que aparecen las diferentes reuniones que el comisario jubilado mantuvo con periodistas y otras personas.
La letrada de Bousselham considera que estas averiguaciones, tras la liberación del comisario jubilado, deben ser consideradas «urgentes», ya que pretenden confirmar «la existencia de una relación directa entre el robo de móvil, el hallazgo del contenido de dicho terminal en el ordenador de Villarejo» y su publicación en dos medios de comunicación. Estas informaciones habrían «perjudicado a Bousselham y al señor Iglesias, entre otras personas, a través de la difusión y revelación de los datos e imágenes (capturas de chat y fotografías) sin consentimiento de su titular e intervinientes», prosigue la abogada.
En el escrito, la representante legal de la ex asesora reprocha al magistrado su decisión de investigar «el estado de la tarjeta» que su clienta entregó en el Juzgado. Llega incluso a asegurar que «no alcanza a comprender por qué no se actúa con la misma exhaustividad en la averiguación de cualquier rastro informático que pudiera hallarse en el disco duro del Villarejo» de los datos del móvil robado a Bousselham.