Sin plan tras el estado de alarma En Moncloa creen que sin excepcionalidad, el Consejo Interterritorial podrá tomar medidas de obligado cumplimiento
Después de un año de vigencia, el Gobierno no ha promovido la legislación alternativa a la que se comprometió. Confían en no tener que prorrogarlo y se escudan en que sean las comunidades las que pidan su mantenimiento
A las puertas de la Semana Santa la situación epidemiológica de España comienza a lanzar señales claras de empeoramiento. Un «cambio de tendencia» que perciben ya en el Ministerio de Sanidad y que hace que no se descarte endurecer las restricciones que están actualmente en vigor. Desde el Gobierno se recuerda que «el virus no está derrotado» y que su «evolución dinámica» hace imposible trazar una hoja de ruta a medio plazo. Es, precisamente, en ese horizonte temporal en el que se ubica el fin de la vigencia del estado de alarma. El pasado mes de octubre se aprobó implantar la excepcionalidad por un periodo de seis meses –revisable a los cuatro– hasta el próximo 9 de mayo. En Moncloa no se atreven todavía a hacer pronósticos –a un mes y medio vista– y apelan a la «prudencia». «La decisión se tomará en su momento», dicen.
En todo caso, aseguran que cualquier determinación en este sentido se hará en base a criterios epidemiólogicos y en función de la evolución de la pandemia. «No nos temblará el pulso», advierten. En el Gobierno cuentan con que en el mes de mayo la campaña de vacunación haya despegado y vaya a velocidad de crucero. En sus previsiones estaba que abril fuera un punto de inflexión en este sentido y que tuviera un impacto en la transmisión del virus. Sin embargo, esta semana se ha conocido que España no podrá contar con la vacuna monodosis de Janssen para frenar una eventual cuarta ola, porque recibirá los primeros viales a finales de abril y apenas serán 300.000 dosis, un refuerzo insuficiente en el que se percibe como un nuevo momento crítico de la pandemia.
A esto se suma que el ambiente político tampoco será el más propicio para tomar decisiones sin interferencias externas. Cualquier determinación sobre la prórroga o el levantamiento del estado de alarma se asumirá contaminada por la campaña electoral de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. En este punto, en el Gobierno son cristalinos y se parapetan en las comunidades autónomas. Como han venido
haciendo en los últimos meses de la gestión de la pandemia, fuentes gubernamentales aseguran que prorrogarán el estado de alarma, si desde las regiones se les solicita mantener vigente un marco legal que les dote de las herramientas para limitar derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de movimientos que impera en los cierres perimetrales y los toques de queda. Este apoyo autonómico garantizaría, además, el aval suficiente para sacar adelante una nueva votación en el Congreso de los Diputados. Algo que no es baladí.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se trasladaba ayer la «confianza» de no tener que dilatar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. En estos términos se expresó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en RNE en la que sí puntualizó que, para hacerlo, se tienen que dar «las condiciones» epidemiológicas para ello. «Somos un Gobierno responsable y preocupado que no ha escurrido el bulto», advertía sobre la posibilidad de tener que tomar más medidas en el futuro. En Moncloa creen que, si se dan estas «condiciones» para levantar el estado de alarma, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá seguir tomando decisiones de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, porque esta potestad ha sido avalada recientemente por el Tribunal Supremo.
En el Gobierno se aferran al auto emitido por el Alto Tribunal el pasado martes, rechazando la suspensión cautelar que había solicitado Vox del cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, que se acordó en el Consejo Interterritorial, para el Puente de San José y Semana Santa. «Es muy interesante porque esto significa que, a partir del 9 de mayo, podemos ir utilizando las acciones coordinadas cuando se necesite, y tendrán que ser cumplidas obligatoriamente por todos, aunque no haya estado de alarma», aseguró Calvo. Sin embargo, el Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto y en la actualidad, las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud sí están bajo el paraguas del estado de alarma.
Sin legislación alternativa
De este modo, en Moncloa creen que el CISNS podrá seguir tomando decisiones de «obligado cumpliendo» para las comunidades autónomas sin que estas puedan oponerse a acatarlas, una vez levantada la excepcionalidad. Un vacío legal que creen que se podría cubrir de este modo, dado que, tras más de un año de vigencia del estado de alarma, el Gobierno no ha promovido la legislación alternativa a la que se comprometió. Fue concretamente la propia vicepresidenta Calvo, la que, en una comparecencia en mayo de 2020 en el Senado, verbalizó la intención de alumbrar otra vía legal para no tener que recurrir a la excepcionalidad ante futuros rebrotes. Tres olas después, sigue sin impulsarse, a pesar de contar con el favor de la mayoría de los partidos del arco parlamentario para ello. De hecho, en todo este tiempo, desde el Ejecutivo se ha defendido vehementemente la «eficacia» del estado de alarma como «herramienta constitucional» y garantista para limitar derechos, por lo que no está claro jurídicamente hasta qué punto se puede promover esta restricción equivalente a partir de un acuerdo del Consejo Interterritorial y sin aval constitucional.