«Sí» estéril de la CUP a cambio de otro 1-O

Cierra filas con Aragonès frente a Junts y pone fecha a un nuevo embate: 2023

Sin sorpresas de última hora y a diferencia del partido de Carles Puigdemont, la CUP se ha puesto esta vez al lado de Esquerra al avalar de forma interna el acuerdo alcanzado con los republicanos para la investidura de Pere Aragonès. Un «sí» de sus nueve diputados insuficiente para el pleno de hoy a cambio de un pacto que califican «de mínimos» y que exigen incluir en cualquier alianza con Junts para dar el pistoletazo de salida a la legislatura y al Govern con una fecha marcada en el calendario ante el nuevo «embate» del independentismo: 2023.

«Hay elementos demasiado blandos. Esto no es un cheque en blanco, es un punto de partida, no un punto de llegada», advirtió ayer la diputada antisistema Eulàlia Reguant sobre su acuerdo con ERC. Un elemento de presión estéril hacia Junts, que molestó en el seno de la formación postconvergente y más después de escuchar a los antisistema reclamando «responsabilidad» a Puigdemont tras pedir que cualquier alianza independentista incorpore «sí o sí» el preacuerdo bilateral suscrito entre ellos y ERC.

Sea como fuere, lo cierto es que el pacto entre republicanos y antisistema prevé una legislatura en «dos velocidades», término acuñado por la propia CUP: ofrece cierto margen a la vía de Esquerra con la mesa de diálogo con el Gobierno y da un plazo de dos años –hasta 2023, el teórico fin de la legislatura en el Congreso– antes de un nuevo «embate» «preferentemente» en forma de referéndum. Es decir de un nuevo 1-O. También se garantizan los antisistema el mando de la legislatura y poder tumbar al president en dos años con una cuestión de confianza a cambio del apoyo a los presupuestos de la Generalitat.

Y aquí aparece uno de los aspectos del preacuerdo más alejado del ideario de Junts, partido que bebe de la herencia postconvergente: un plan de choque social de largo alcance e intervencionista, que incluye puntos como la creación de una banca pública «a corto plazo» y la «remunicipalización» del agua o la energía; caminar hacia una sanidad cien por cien pública o implantar una renta básica de forma universal, además de suprimir e uso de las balas de foam por parte de los Mossos y revisar el modelo de seguridad.

¿Quiere decir esto que la CUP entraría en el Govern en caso de que Junts dé su brazo a torcer en los próximos días? La formación asegura que se trata de un preacuerdo de investidura, que «no tiene la profundidad» que debería tener, que la posible participación en un Ejecutivo aún «no se ha puesto encima de la mesa» y que sería un aspecto que el partido tendría que volver a debatir, sin negarse previamente. De hecho, una de sus facciones ya lo ha pedido. Eso sí, a la espera de ver qué ocurre, la CUP avisa de que su intención es fiscalizar el cumplimiento del pacto con comisiones creadas expresamente para la ocasión.