Los jueces piden al CGPJ que reaccione ante la reforma
Vocales no descartan solicitar al Consejo que acuda al Constitucional
La reforma aprobada ayer definitivamente que impide ya realizar nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones, una vez vencido su mandato, sigue provocando reacciones y un profundo malestar en gran parte de la Carrera judicial. De hecho, todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia, presentaran ayer ante la Comisión Permanente del Consejo una solicitud en la que les instaba a no permanecer impasible ante una reforma que le reduce a «un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la Inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo».
La petición fue realizada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria –las dos de mayor representación dentro de la Carrera– y el Foro Judicial Independiente, al considerar que el Consejo debe reaccionar ante la «mutilación» de una de sus principales funciones, como es la de realizar nombramientos, pese a que haya vencido su mandato y hasta su renovación.
En concreto, reclaman del Consejo para que «a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución».
Estas acciones podrían ser tanto en el ámbito interno como a nivel internacional, y aunque las asociaciones no concretan ninguna, sino que es algo que el propio CGPJ debe estudiar para, en palabras de Jorge Fernández, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, «poner coto a ese asalto disimulado al Poder Judicial», al permitir la reforma que el Consejo pueda estar con funciones limitadas de forma indefinida, «sólo con el hecho de evitar la renovación hasta que a los partidos les convenga».
Junto a ello, las tres asociaciones judiciales denuncian que tras más de dos años, a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su «incapacidad para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que sean los jueces y magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones», ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, «privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política».
Además, tras denunciar que la reforma se aprobó «sin escuchar a nadie y por vía de urgencia» para impedir que el CGPJ «pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales», sostienen que con esa reforma se ha logrado el objetivo que se pretendía: «Reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo».
Nada de esto hubiera sucedido, añaden las tres asociaciones judiciales, en lo que es una posición asumida por el Comité de Ministros de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo Contra la Corrupción o la Comisión de Venecia, si los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces.
Informe
De forma casi paralela a esta petición de las tres citadas asociaciones, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, acordaba solicitar un informe al gabinete técnico para que detalle el alcance de la reforma. Además, algunos vocales podrían plantear que el CGPJ, después de conocer el citado informe, emprendiese algún tipo de acción, entre la que cobra más fuerza la de interponer un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, según señalaron a LA RAZÓN fuentes del CGPJ.
Fue el vocal Rafael Fernández Valverde quien planteó la opción de solicitar al gabinete técnico un informe para que defina el alcance de la reforma , para, entre otras cuestiones, analizar las acciones que puede o no realizar el órgano de gobierno de los jueces a partir de estos momentos. «Será una especie de guía práctica de la reforma, para saber lo que podemos y no hacer, pero no entrará ni planteará si es no constitucional o si hay que acudir al Tribunal Constitucional», especificaron al respecto fuentes oficiales del Consejo.
La vocal Concepción Sáez, propuesta en su día por IU, protestó ante esa petición, pero Lesmes, zanjó el debate al dejar claro que la petición de informes es potestad del presidente, por lo que decidió encargar la elaboración del mismo al gabinete técnico.
«Desconozco esas anotaciones. No tienen nada que ver conmigo y no sé lo que representan. A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca»
Rodrigo Rato Ex vicepresidente del Gobierno