El emérito no tendrá que declarar tras su regularización fiscal
La Fiscalía del Supremo «no tiene previsto» citarle en la investigación de su patrimonio El Ministerio Público cree que su testimonio no aportaría nada si no hay nuevas revelaciones
La Fiscalía del Tribunal Supremo «no se plantea» citar a declarar como investigado a Don Juan Carlos I tras sus regularizaciones fiscales por más de 5 millones de euros, según afirman a LA RAZÓN fuentes de la investigación sobre la fortuna oculta en Suiza del Rey emérito.
El monarca está aforado, como todos los integrantes de la Familia Real, ante el Tribunal Supremo, y por eso las pesquisas sobre su fortuna oculta la desarrolla un equipo de fiscales del Alto Tribunal dirigido por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos Campos.
La posibilidad de que Don Juan Carlos I compareciera llegó a ponerse sobre la mesa, apuntan las citadas fuentes, pero finalmente los fiscales descartaron llamarle a declarar, al considerar que su testimonio no aportaría información relevante a las pesquisas, que se iniciaron en Anticorrupción, pero que se centralizaron en la Fiscalía del Tribunal Supremo en junio de 2020.
De todas formas, jueces y magistrados consultados por esta redacción informan de las dudas legales que plantearía una posible citación del Emérito ante la Fiscalía, que en todo caso debería ser voluntaria, ya que el único órgano judicial que puede obligarle a comparecer como investigado es el Tribunal Supremo. Otras fuentes consultadas apuntan que el Ministerio Público está investigando en profundidad las operaciones realizadas por el emérito, y que salvo que se conozcan nuevas informaciones relevantes las pesquisas acabarán archivadas.
En la actualidad se mantienen abiertas al menos cuatro líneas de investigación sobre los fondos de Don Juan Carlos I. La primera de ellas fue abierta por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella se analiza la incidencia penal que pudiera tener el cobro en 2006 por parte del emérito de 64,8 millones de Arabia Saudí.
El Ministerio Público trata de determinar si estos fondos fueron una comisión cobrada por el monarca a cambio de su intermediación en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de la construcción y explotación del AVE entre las ciudades de Medina y La Meca.
Tal y como adelantó LA RAZÓN, Anticorrupción ya aseguró en septiembre de 2019 que de las pesquisas que había llevado a cabo el Ministerio Público suizo no se podía concluir que los 64,8 millones que el Rey emérito recibió fueran una comisión por intermediar en la operación.
Aunque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció en noviembre pasado que esta investigación iba a ser cerrada, estas pesquisas, que se centran en el cobro y la donación en 2012 a Corinna Larsen de los fondos saudíes, permanecen abiertas pese a que estas operaciones se circunscriben a un periodo de tiempo en el que Don Juan Carlos era Jefe de Estado, y por tanto inviolable según la Constitución.
El monarca utilizó para recibir el dinero en Suiza a la Fundación Lucum que ordenó a sus abogados cerrar tras entregar el dinero a Corinna Larsen en 2012.
La segunda línea de actuación que desarrolla la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre Don Juan Carlos I trata de determinar si este cometió algún delito al pagar con tarjetas de crédito alrededor de 1,2 millones de euros con fondos del empresario de nacionalidad mexicana y británica Allen Sanginés-Krause. Las pesquisas desarrolladas apuntan a que el Rey emérito utilizó a su ayudante de campo, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga, como intermediario en España con el multimillonario mexicano.
Estos abonos se llevaron a cabo entre los años 2016 y 2018, periodo en el que el Rey emérito ya había abdicado en su hijo Felipe VI, por lo que había perdido la inviolabilidad que otorga la Carta Magna al Jefe del Estado.
Un mes después de conocerse esta investigación, Don Juan Carlos I decidió abonar 678.393 euros a Hacienda para regularizar su situación con el fisco y, además, evitar una posible acusación penal por delitos fiscales.
La tercera operación bajo sospecha es la menos conocida, y se inició recibir el Ministerio Fiscal información de «inteligencia financiera» procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac).
En concreto, según adelantó La Sexta, Don Juan Carlos I también sería beneficiario de una empresa que escondía casi diez millones de euros y desde el cual se habría detectado una transferencia sospechosa.
La segunda regularización fiscal de Juan Carlos I, llevada a cabo en febrero pasado, y por la que abonó casi 4,4 millones de euros para evitar ser acusado de delitos fiscales, puso sobre la lupa la cuarta operación sospechosa.
En este caso se investiga si Don Juan Carlos I disfrutó de viajes,
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por un valor superior a los ocho millones de euros, algunos en compañía de su ex amante Corinna Larsen, que habrían sido abonados desde la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Liechtenstein por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del Rey emérito.
Según declaró este pariente de Don Juan Carlos I a la Fiscalía suiza, al enterarse de que Larsen se había beneficiado del dinero de la fundación para viajar, este pidió a su primo que le reembolsara estos gastos. La Fiscalía suiza informó a las autoridades judiciales españoles de que el 4 de enero de 2011, «la suma total de 2.867.722 de euros» fue transferida a una cuenta de Zagatka.
En un comunicado difundido tras la regularización fiscal del emérito, Orleans-Borbón, negó haber actuado como «testaferro» o «fiduciario» del emérito.
La Fiscalía del cantón suizo de Ginebra informó en agosto de 2019 a la Audiencia Nacional de que la Fundación Zagatka ingresó desde 2008 casi 10 millones de euros, según se especifica en una comisión rogatoria, de cuyo contenido informó LA RAZÓN.
Precisamente, la investigación de Suiza sobre los cobros realizados por la Fundación Zagatka ha detectado vínculos con las pesquisas sobre el empresario Sanginés-Krause. La Fiscalía helvética aseguró que una empresa mexicana vinculada con la constructora Huarte –que acabó formando parte de OHL– habría entregado en 2009 un total de 3.347.558 euros a Zagatka por la intermediación de Orleans-Borbón en una operación inmobiliaria en México. En 2018 la constructora vendió una parte de la misma por 98 millones. El comprador, según el diario «El País», fue Sanginés-Krause, el empresario mexicano que sufragó con 1,2 millones los gastos personales del Rey emérito.