15.000 euros en multas al vecino que Iglesias acusa de acoso
La Delegación del Gobierno le ha notificado ya más de una decena de sanciones
La Delegación del Gobierno en Madrid ha notificado en las últimas semanas al vecino de Galapagar al que Pablo Iglesias e Irene Montero denuncian por «hostigamiento» a su vivienda más de una decena de sanciones por desobediencia a la autoridad que suman 15.101 euros.
En total, se trata de once multas –que todavía puede recurrir en última instancia– correspondientes a otras tantas propuestas de sanción elevadas por la Guardia Civil por hechos acaecidos en las inmediaciones del chalet del ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad entre el 20 de julio y el 14 de septiembre del pasado año, a las que hay que añadir otra propuesta de sanción del 1 de julio de 2020 todavía en tramitación.
Los objetos de las sanciones siempre por desobediencia a agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones imputan al vecino de Galapagar conductas que van desde intentar saltarse el perímetro de seguridad en torno a la vivienda hasta faltas de respeto a los agentes –que Frontera niega– y no respetar el descanso de los vecinos (por hacer sonar en su vehículos el himno de España y el de la Guardia Civil) o perturbar el hábitat del medio natural.
El actual candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid y su esposa denunciaron por seis delitos a Miguel Frontera, sobre el que pesa desde el pasado diciembre una orden de alejamiento de 500 metros de la vivienda de ambos. El juez que instruye los hechos le investiga por acoso, coacciones, desobediencia a agentes de la autoridad, descubrimiento y revelación de secretos e injurias a la autoridad (este último a instancias de la Fiscalía), pero rechazó imputarle también por alteración del orden público y por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, como solicitó sin éxito la defensa de Iglesias y Montero.
Por negarse a «obedecer las indicaciones de los agentes en reiteradas ocasiones» el 20 de julio del pasado año a las 21:15 horas, se le impuso una multa de 601 euros. En el expediente abierto a raíz de este incidente por la Delegación del Gobierno en Madrid –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– se hace constar que los hechos pueden ser constitutivos de «una infracción administrativa tipificada como grave» en el artículo 36,6 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Este artículo castiga «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos».
El 26 de julio de ese mismo año, a las 12:21 se produjo un nuevo incidentes con los agentes del puesto de Galapagar que se encargan de la protección de la vivienda del entonces vicepresidente y de la ministra de Igualdad. En este caso, la multa es de 1.550 euros por hacer «caso omiso en reiteradas ocasiones a que no pusiera música o percusiones a través de los altavoces del vehículo». El volumen, argumentaron los agentes, podía «alterar el hábitat del medio natural». Frontera hizo sonar el himno de la Guardia Civil «a un volumen medio cuando se disponía a abandonar el lugar».
Algo similar ocurrió un día después a mediodía. Por hacer «caso omiso» a las indicaciones de que no pusiera música su vehículo para no «alterar el hábitat del parque nacional» fue multado con otros 1.500 euros.
En agosto se sucedieron otras cinco sanciones de entre 1.200 y 1.700 euros. La primera, el día 25, por perturbar el orden público (1.600 euros) –según el investigado se limitó a gritar vivas a España–. Otras dos sanciones llegaron 24 horas después con un intervalo de solo dos horas.
A las 20:30 del 26 de agosto lo agentes le sancionan, según el expediente, por negarse a seguir sus indicaciones cuando «se encontraba gritando con la intención de perturbar a los vecinos en la zona», lo que le acabaría suponiendo una sanción de 1.650 euros. Dos horas después, a las 22:30, se le sancionaría (otros 1.700 euros) por hacer «caso omiso» a las indicaciones de que no podía «superar el perímetro de seguridad». Frontera se queja de que mientras se permitía a algún vecino pasear al perro por esa zona a él no se le permitía por llevar la bandera de España.
Ya en septiembre se producen otros tres altercados. El día 1, a las 20:50 horas «(1.350 euros de multa), porque según los agentes estaba «alzando la voz de manera alterada perturbando el descanso de los vecinos» e intentó rebasar el perímetro de seguridad, ignorando de forma reiterada las indicaciones de la Guardia Civil.
Por un incidente similar sucedido una semana después, el 8 septiembre a las 20:00 horas, acabaría siendo sancionado con otros 1.400 euros. Finalmente, el último expediente sancionador que por ahora le ha notificado la Delegación del Gobierno en Madrid hace referencia a su presencia en las inmediaciones de la vivienda el 14 septiembre a las 20:15 horas. De nuevo, se le multa por desobedecer a los agentes, aunque en este caso también por mantener «en todo momento una actitud chulesca y desconsiderada» y por ignorar sus indicaciones sobre «la obligación de llevar puesta la mascarilla». «Estaba comiendo barquillos», se defiende Frontera.