Los «olvidados» del Gobierno ponen en peligro la recuperación
Miles de empresas y trabajadores, sin salida ante la falta de iniciativas y ayudas directas
«Nadie se va a quedar atrás. Este Gobierno no dejará a nadie por el camino». Palabras textuales de Pedro Sánchez que ha repetido a lo largo de la pandemia, que hicieron suyas en numerosas ocasiones ministros como Ábalos, Calviño, Montero y, sobre todo, Díaz. Pero la realidad, a tenor de las cifras acumuladas durante los últimos doce meses, dista mucho de haber cumplido con esa promesa. Sólo hay que fijarse en la denominadas «colas del hambre», que han protagonizado tristemente la realidad de la calle en miles de ciudades y pueblos. Aunque su incidencia ha remitido con la vuelta a la actividad de muchas empresas que han recuperado de los ERTE a buena parte de sus plantillas, esta realidad no ha desaparecido y sigue ahogando la moral y la vida de miles de familias vulnerables. Según cifras de las organizaciones no gubernamentales –las que están solventando por su cuenta esta situación–, cifran en más de un millón de personas las que sufren pobreza severa y recurren semanalmente a sus ayudas.
El Ejecutivo apostó por el Ingreso Mínimo Vital, que iría destinado a este tipo de hogares vulnerables. Superada la guerra interna entre ministerios, finalmente se llegó a un consenso para dotar a las familias sin recursos de una renta básica. Pero seis meses después, por las prisas y la improvisación en la elaboración de esta prestación se han tenido que realizar sucesivas rectificaciones porque siete de cada diez peticiones habían sido rechazadas. Eso son más de 600.000 de los 873.000 expedientes tramitados, de un total de 1,2 millones de solicitudes. Eso significa que en torno a un millón siguen pendientes de alguna ayuda.
El Gobierno también sigue sin dar cobertura a más de 100.000 negocios dirigidos por autónomos que se mantienen fuera del plan de ayudas directas aprobado por el Consejo de Ministros. Ha pasado más de un mes y la prometida ampliación brilla por su ausencia, por lo que tendrán que cerrar definitivamente si no llelos llelos 7.000 millones aprobados, que han tachado de insuficientes. En su barómetro, ATA determinó que ya han perdido 75.000 millones de facturación, mientras que las administraciones públicas tienen una morosidad reconocida con sus negocios de 80.000 millones. Y recuerdan que 193.000 trabajadores por cuenta propia se irán directamente al paro una vez que termine la vigencia de la prestación extraordinaria por cese porque no tienen ninguna alternativa de recuperar su actividad, y que 300.000 negocios habrán bajado ya la persiana. correspondiente a la capital comunitaria. Con ser importante lo anterior, no es la verdadera clave de cara al futuro. Ahora el meollo de la cuestión está en saber cuándo comenzará a llegar el dinero a nuestro país y al resto de los Estados miembros. Eso, por un lado. Por otro, está la gran duda de saber qué se va a hacer y cómo se repartirá «la pasta» aquí y quiénes serán los beneficiarios. Hay, sí, grandes enunciados y pronunciamientos, porque el papel lo soporta todo, pero pocas certidumbres y seguridades, salvo una.
Y esa seguridad es que, el dinero no comenzará a llegar hasta finales de este año, como muy pronto. Es decir, casi un año y medio después de la decisión que se tomó en Bruselas en julio de 2020. Y es que se anunció en aquel momento que era necesario dar una respuesta rápida a la crisis de todo tipo provocada por el coronavirus. ¡Menos mal, que la cosa era urgente, porque si no lo llega a ser…! Por cierto, que el dinero llegará, cuando sea, pero llegará, pero también las condiciones. El que espere que «el plan» de Sánchez sea gratis, lo lleva claro.
En este contexto, el Gobierno no accedió a conceder moratorias fiscales y aumentó las cotizaciones sociales, en contraposición con la congelación de impuestos y cuotas de otros países. Entre las pymes, las cifras son aún peores. La patronal Cepyme advierte que si los requisitos del plan gubernamental no cambian, más de dos millones de pymes quedarán excluidas de las ayudas, lo que colocaría a cientos de miles de ellas al borde del cierre. Según su análisis, al menos un 47% de las empresas estarían fuera del plan, que se materializan en 1,5 millogan nes de las más de 3,4 millones de empresas registradas. Sin embargo, el resto de requisitos administrativos que se exigen elevaría el número de pymes excluidas por encima del 53%, es decir, unos dos millones.
La hostelería y el comercio son otros de los grandes damnificados de la pandemia y de la falta de ayuda del Ejecutivo. Patronales, empresarios y trabajadores siguen reclamando medidas urgentes, un plan de choque y ayudas directas que no acaban de llegar. Mientras tanto, acumulan ya un agujero de 70.000 millones de euros y 600.000 empleos, de momento. De aquí a final de año, 100.000 empresas y 1,1 millones de puestos de trabajo se perderán si no se actúa de inmediato. Respecto al comercio, 160.000 establecimientos están a punto de cerrar, que se suman a los 100.000 perdidos ya ante la indiferencia gubernamental. En general, el sector turístico ha perdido ya 110.000
El Gobierno no accedió a conceder moratorias fiscales y aumentó las cotizaciones sociales de los autónomos
Un millón de hogares vulnerables sigue sin acceder al Ingreso Mínimo y 600.000 peticiones han sido rechazadas
Nueve meses después de su anuncio, no ha llegado aún ni un euro de la ayuda europea y falta por ver cómo se repartirá la pasta
millones por la pérdida de turistas extranjeros.
La industria, sobre todo de la automoción, ha denunciado también que las medidas del Gobierno han lastrado aún más su débil situación. La subida del impuesto de matriculación ha derrumbado sus ventas más de un 50%. En cuanto a términos sociales, una de las banderas del Gobierno de coalición, solo una muestra: se han disparado las ejecuciones hipotecarias casi un 20% e iniciado un 18% más de procedimientos por impago de préstamos.