La OCDE para los pies al inminente sablazo fiscal que prepara Montero
Desaconseja cualquier incremento tributario «hasta que se recupere la economía»
En plena campaña mediática desatada por el Gobierno para justificar ante la opinión pública la subida de impuestos generalizada que se avecina con la próxima reforma fiscal que prepara Hacienda, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le dio ayer un jarro de agua fría a sus planes –al menos en parte–. En su último informe fiscal reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que no plantee en este momento subidas de impuestos hasta que la recuperación esté «firmemente arraigada y en marcha», y que solo aplique algún incremento «para corregir desequilibrios», pero solo tras la pandemia, cuando los índices económicos se hayan recuperado. Además, recuerda que cualquier actuación tributaria debe incluir «mecanismos compensatorios» para los más desfavorecidos. En este sentido ha estimado que, aunque hay margen para «ampliar la base fiscal» –reduciendo el número de exenciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas– también cree que cualquier presión tributaria adicional puede considerarse «contraproducente» si no se aplica al menos en el medio plazo.
Esta misma semana, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, han lanzado varias andanadas para allanar el camino y preparar a los contribuyentes para lo que será una subida generalizada de impuestos a partir del próximo año, una vez que se hayan aprobado unos nuevos Presupuestos Generales.
Con este panorama, el organismo internacional ha realizado varias recomendaciones en el terreno fiscal. Tras la citada llamada a la contención en la presión tributaria en plena crisis, la OCDE sí que ve margen para una ampliación de la base imponible mediante la reducción de exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro. También ha valorado de forma positiva la decisión del Ejecutivo de incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y el gravamen sobre los servicios digitales, la denominada tasa Google, y ha dado su apoyo al incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, tanto sobre los carburantes de automoción como en el gasóleo de calefacción, para gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero tendría que ir acompañado de un dispositivo de redistribución para hogares vulnerables, para que no se vieran perjudicados. Eso sí, nada de incrementos a corto plazo, como pretende el Ejecutivo.
Asimismo, los economistas que han elaborado este informe han recordado al Gobierno que las debilidades de la economía española se han acrecentado y reforzado con la pandemia. Entre las que señalan se encuentra el problema de alto desempleo, las disfunciones del mercado laboral –sobre todo entre los jóvenes–, una capacitación insuficiente de los trabajadores, las elevadas diferencias entre las comunidades y, sobre todo, una altísima temporalidad.