Denuncia contra Ada Colau y cargos del Ayuntamiento por organización criminal
Por subvenciones presuntamente irregulares a entidades afines
La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha ampliado su denuncia contra Ada Colau, Jaume Asens y varios miembros y exmiembros del Ayuntamiento de Barcelona por la concesión de 3,4 millones de euros en subvenciones y ayudas presuntamente irregulares. Ya en marzo, la Fiscalía anticorrupción admitió a trámite la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y la entidad constitucionalista ahora considera que también se puede dar el delito de organización criminal.
En concreto, los denunciados son, además de Colau y Asens (diputado en el Congreso y hombre fuerte de Pablo Iglesias en Cataluña), Gerardo Pisarello (diputado en el Congreso y antiguo número dos de Colau en el Ayuntamiento), Gala Pin, Vanesa Valiño, Laia Ortiz, Laura Pérez Castaño, y Eloi Badia. «La ampliación viene motivada por el presunto incumplimiento de su deber de abstención ante el posible conflicto entre sus intereses», explica la entidad constitucionalista en un comunicado.
En este sentido, según señala, los denunciados tendrían que haberse abstenido de entregar las subvenciones a las asociaciones entre junio de 2015 y junio de 2017 tras haber formado parte de estas asociaciones justo antes de entrar a gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona.
En la primera denuncia presentada por Abogados Catalanes por la Constitución el 2 de marzo de 2021, se recogía «la reiterada y presuntamente injustificada» concesión de un conjunto de subvenciones por valor de 3.433.621 euros recibidas por el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF), asociaciones todas ellas con las que Colau y el resto de denunciados «han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos».
En concreto, se concedieron subvenciones presuntamente irregulares por valor de 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y de 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. «Estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias, por lo que se denuncian presuntas prácticas prevaricadoras, además de presuntos delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», señala la entidad en el comunicado.
El portavoz de la asociación, Manuel Miro, considera que las presuntas irregularidades detectadas «comprenden la reiteración en concesión de las subvenciones directas y continuadas en el tiempo, sin concurrencia pública, de forma recurrente y no excepcional y sin acreditar el interés público, y la falta de justificación del carácter extraordinario exigido por ley dado se conceden sucesivamente en el tiempo de forma ordinaria». Miro también precisa que la subvención atañe al mandato de Colau –y no al de Trias, como sostiene la alcaldesa– y argumenta que si no fuera así, no habría habido denuncia porque el exalcalde «no se encontraría en situación de deber de obligada abstención o inhibición, al no haber tenido ninguna vinculación con el entramado asociativo».
Lo cierto es que esta denuncia y la investigación de la Fiscalía anticorrupción pueden perjudicar a Colau, que entró poniendo el listón muy alto y, poco a poco, ha ido acumulando desgaste por determinadas actuaciones polémicas.