El Consejo de Ministros del 4-M choca con la Ley Electoral
Miembros de la Junta avisan al Gobierno de la necesaria neutralidad en la jornada de votación
La decisión del Gobierno de no mover el Consejo de Ministros de mañana martes siembra inquietud entre profesionales juristas consultados por este diario que piden cautela al Ejecutivo para mantenerse escrupulosamente dentro de los límites establecidos por la legislación en lo que a neutralidad política se refiere. En concreto han sido tres los miembros -en la actualidad o en el pasadode pasadode la Junta Electoral Central los que han dado su parecer sobre este asunto y todos ellos coinciden en señalar que aunque los límites de la legislación son claros y en principio no se espera que sean violentados directamente, la ausencia de precedentes de Consejos de ministros en jornadas electorales obliga a que se vigile con especial cautela posibles intromisiones en el normal desarrollo de una jornada electoral de la que depende el rumbo que tome la política del país en el futuro próximo.
El primero de los expertos consultados, profesor universitario que sirvió en la Junta Electoral Central durante años, se cura de recordar que, en efecto, la vida política de la nación no puede quedar en suspenso porque la celebración de unas elecciones en una región en concreto por lo que «en teoría, la única que no puede hacer absolutamente nada es Ayuso». Sin embargo, la actitud y los hechos del Gobierno demuestran que «tienen clara voluntad de llegar al límite y forzar. En el fondo es todo como una gamberrada: no hacen frontalmente nada en contra de la ley pero los partidos están claramente obligados a mirarlo todo con lupa. Sobre todo por el hecho de que ese Consejo de Ministros se celebra en Madrid».
Nuestro siguiente experto subraya que no existe precedente de la celebración de elecciones el mismo día que un Consejo de Ministros. Y continúa: «Tampoco hay impedimento legal, ni contradicción. Ni siquiera en el caso de que se hubiera declarado festivo autonómico el martes, el Gobierno
tendría por qué cambiar la fecha de su reunión, aunque con algunos días festivos se haga». Esta circunstancia no ha de evitar que el Gobierno extreme, eso sí, la precaución a la hora de entrar en una valoración partidista de la jornada de votación, «pero eso tampoco es una excepción», señala, «ya que está obligado a hacerlo durante todo el proceso electoral».
Finalmente también se ha resaltado que la legislación electoral española tiene un carácter expansivo y que no solo obliga a evitar que en la rueda no puedan hacer cosas que puedan interpretarse como propaganda política. «Los partidos deben dirigirse a la Junta Electoral para que haga recordatorio de deberes . Eso es lo que se hacía antiguamente: recordamiento de deberes».
La preocupaciones de los juristas consultados por este diario están más que justificadas cuando se recuerda el despliegue que realizó el gobierno este mismo viernes. Y es que a cuatro días para la celebración de las elecciones, todos los esfuerzos son pocos para intentar arañar algún voto. A pesar de que la Ley Electoral es clara y en su artículo 50.2 prohibe «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos», el Gobierno anunció a bombo y platillo publicitar el «Balance de aprobación de leyes y de iniciativas en tramitación durante los primeros meses de 2021». El evento fue ampliamente interpretado como una forma de exhibir músculo parlamentario y de trasladar a la sociedad las políticas reales que se están impulsando por el Ejecutivo de coalición, «poniendo de relieve que se está impulsando y normalizando la actividad legislativa tras la situación derivada de la crisis sanitaria de la Covid-19», según rezaba la nota remitida por el departamento que lidera Carmen Calvo.
Como precedente cierto para lo que podría pasar mañana mismo vale la pena estudiar este «balance de aprobación de leyes» presentado por el Gobierno el pasado viernes. Entre otras cosas se explica que entre las seis leyes orgánicas aprobadas, con mayoría absoluta, están tanto la legislación que regula la eutanasia, la modifica el Código Penal para derogar el artículo que tipificaba de manera específica la actuación de los piquetes o la que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentra en funciones. Se trata, como es evidente, de normas con una profunda carga ideológica y que han tenido también un importante impacto mediático y que sin duda reventaría la jornada electoral del martes si llegarán a producirse anuncios análogos. También las de reforma de Estatutos de Autonomía para eliminar los aforamientos de diputados de Cantabria y Murcia fueron recordadas en el balance. Uno de los juristas consultados recuerda la «desfachatez» de alguna de las maniobras de Tezanos al frente del CIS para argumentar que es «perfectamente posible» que el PSOE tenga pensadas sorpresas para el martes.
Vale la pena comparar estos hechos con los que le han valido a Ayuso la apertura de dos expedientes por parte de la Junta Electoral Centra. En efecto la presidenta de la comunidad de Madrid ha recibido una llamada de atención por parte de la JEC. Todo ello después de que el pasado 8 de abril, el órgano ya apercibiera a la candidata del Partido Popular por sus declaraciones en actos institucionales. Pero en aquella ocasión decidió que estos hechos no merecían la imposición de ningún tipo de sanción en concreto. Sin embargo esta misma semana, en dos acuerdos alcanzados este jueves 29 de abril, se ordena la apertura de dos expedientes sancionadores contra ella por motivos parecidos. En concreto, aborda un recurso presentado por Más Madrid a raíz de un evento en la plaza de toros de Las Ventas y otro del PSOE por la presentación de un avión de Iberia, la visita a unas obras en Valdebebas y unas reseñas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid.
Los expertos señalan que el hecho de que el Consejo se celebre en Madrid obliga al Gobierno a ser muy escrupuloso